Preocupación en las Fuerzas de Seguridad por usos maliciosos del censo electoral

Un total de 38.087.170 personas, españoles y extranjeros, podrán votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, según los datos de un censo electoral, el último, que los ciudadanos han podido consultar en sus ayuntamientos entre los pasados 22 y el 29 de abril. En el caso de las europeas, el censo es una lista suculenta y abultada: una sola circunscripción y todos los electores metidos en ella.

Cómo se llama cada ciudadano de un país, si es mayor de edad, cuál es su documento de identidad y dónde reside, cómo se llaman los expatriados con derecho a voto, o cómo los ciudadanos de la UE residentes en ese país y cuántos son, es “una información muy potente, deseada por empresas, poderes económicos, partidos… y servicios de inteligencia extranjeros”, advierte un ejecutivo de la Seguridad del Estado.

Con cada nuevo proceso electoral se desata la misma preocupación entre especialistas de las unidades de Información de las Fuerzas de Seguridad: nuevas inscripciones de formaciones políticas que den lugar -o no- a nuevas listas electorales -y este año han brotado unas cuantas y variopintas-, y, por tanto, nueva “evaluación de la amenaza” de posibles usos fraudulentos de los datos del censo. Entre ellos, su posible venta por canales clandestinos, confirma un mando de la Policía.

Mina de datos

No se trata de someter a vigilancia a los partidos, sino de las posibilidades que abre que cientos de integrantes de candidaturas -nuevas o habituales- puedan acceder a las últimas copias del censo, dispersándose la tenencia de los datos. Esa preocupación está más acentuada en estas elecciones europeas, en las que todas las autoridades intervinientes manejan conocimiento sobre amenazas severas y reales de injerencia extranjera y de ciberataques.

Procesado con filtros de Inteligencia Artificial, el Censo puede dar información clave según la intención del cliente: nombres, domicilios y DNIs de políticos, o de determinados funcionarios, jueces, periodistas, militares y agentes policiales, por ejemplo, así como de sus hijos o parejas.

“El censo es una mina de datos”, comenta un experto policial, acostumbrado a asistir en la darknet -eso que llaman “internet oscura”- al trapicheo de datos personales que “provienen de exfiltraciones y ciberataques a empresas de todo tipo, desde el sector de la comida a domicilio hasta los bancos…”.

Obligatorio

No hay medidas extraordinarias de Policía o Guardia Civil para prevenir usos maliciosos del censo, confirman fuentes de Interior, que señalan al Instituto Nacional de Estadística (INE) como principal responsable de esa información. La Oficina del Censo Electoral, supervisada por la Junta Electoral y dependiente del INE -y este del Ministerio de Economía- es actor clave en unos comicios.

Fuentes de ese departamento admiten el riesgo que rodea a la entrega de copias del censo, pero, como las fuentes policiales consultadas, no le ven solución: “Nuestra función está fijada por la ley, y nos limitamos a cumplirla”, comentan. Esa obligación nace de la necesidad y el derecho de los partidos a enviar propaganda por vía postal, pese a que esa forma de publicidad decae en importancia paulatinamente ante la potencia de las redes sociales.

“Vigilar qué hacen con el censo es tratar de poner puertas al campo”, opina una de las autoridades consultadas en las Fuerzas de Seguridad. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dispone en el artículo 41,5 la obligación del INE de entregar a los datos: “Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a la proclamación de su candidatura una copia del censo del distrito correspondiente”.

El representante de la candidatura, o un sustituto autorizado, ha de personarse en la Oficina del Censo a recoger la copia. Ese representante queda registrado pero no, por razones obvias, los miembros de esa candidatura o trabajadores del partido que a partir de ese momento manejen los datos. El 17 de diciembre de 2009, la Junta Electoral Central emitió una instrucción en la que, además, quedó anulada la obligación de esos representantes de devolver las copias recibidas.

Cuando el enviado de una candidatura -ya sea el PP o el PSOE o una formación antisistema como la del agitador ultra Alvise Pérez- recoge la copia del censo, firma una declaración comprometiéndose a que esa copia no será utilizada para fines no previstos en la ley y a que la destruirá en cuanto pasen las elecciones. Y esta es la única precaución fijada.

En venta

En octubre de 2022 trascendió un plan del INE para comercializar datos censales entre empresas. De hecho, se programó un presupuesto de diez millones de euros para construir lo que se iba a llamar “censo comercial”, un listado de ciudadanos que podría recibir publicidad de compañías privadas. El plan era sacar los datos del último censo electoral disponible y solo excluir a aquellos ciudadanos que se dirigieran a la Oficina para rechazar expresamente estar en esa lista.

Aquel plan quedó “descartado”, comentan las fuentes consultadas en el INE. No hay pues posibilidades legales de comerciar con datos censales. Pero ese material tiene valor: con un software adecuado, se pueden cruzar listas de ganadores de oposiciones con el censo, por ejemplo, y saber dónde viven esos nuevos funcionarios o autoridades del Estado. “Hay un mundo de posibilidades detrás, sobre todo comerciales”, apunta un oficial de Información de la Guardia Civil.

En estas elecciones europeas, los datos son los más frescos disponibles. El censo para estos comicios se cerró el 1 de marzo pasado, o sea, en el mes anterior al de publicación del Real Decreto de convocatoria de elecciones (fue el 16 de abril), como fija el artículo 39 de la LOREG.

No ha habido operaciones policiales que hayan desmontado ventas de datos censales, certifican en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Sí las ha habido en las que un uso malicioso de esos datos formó parte de la investigación. Por ejemplo, en tiempos de ETA activa. La banda “utilizó esos datos para centrar objetivos”, recuerda uno de los expertos. Las Fuerzas de Seguridad comprobaron entonces que los terroristas obtuvieron información a través de políticos de la izquierda abertzale.

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