La Fiscalía Europea recuerda al juez del caso Koldo que debe "abstenerse" de realizar nuevas diligencias tras asumir ellos la causa

La decisión de la Fiscalía Europea de hacerse cargo de la totalidad del caso Koldo --hasta ahora únicamente analizaba los contratos firmados por las administraciones socialistas en Baleares y Canarias para la compra de mascarillas-- impacta directamente en las actuaciones que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Entre ellas, la posible imputación del subsecretario general de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García, y del responsable de Personas de ADIF, Michaux Miranda Paniagua que ha sido solicitada por los Fiscales Anticorrupción españoles.

La petición del departamento liderado por Alejandro Luzón en España tiene fecha del pasado 29 de mayo pero, un día después la Fiscalía Europea firmaba el decreto por el que "avoca", es decir, se hace cargo de este asunto, en el que actúa a modo de juez instructor.

En el decreto dictado por el órgano con sede en Luxemburgo al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial, informan al Juzgado Central número 2 de la decisión de ejercer su competencia, por lo que recaban la diligencias que él estaba tramitando hasta ahora recordándole que "debe asimismo abstenerse de realizar nuevos actos de investigación".

Moreno pide informe a Anticorrupción

Por el momento el juez Moreno ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción un informe, que aunque no es vinculante, le servirá para armarse de razones en el caso de acudir al alto tribunal a plantear un conflicto de competencias con el fin de mantener esta causa en la Audiencia Nacional.

Desde la Fiscalía Europea defienden tener "prioridad sobre las reclamaciones nacionales de competencia, de forma que dicha Fiscalía pueda orientar y garantizar la coherencia de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal a escala de la Unión". Agregan que el eventual planteamiento de una cuestión de competencia no obsta para el cumplimiento de la obligación (...) de abstenerse de realizar ningún acto de investigación".

En el decreto, que firman las fiscales europeas delegadas, Laura Pellón y Olga Muñoz, se dice también que en la documentación que les fue remitida hace casi un año por el fiscal Anticorrupción en España se les informaba de las actuaciones iniciadas por delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos respecto de todos los contratos adjudicados a esa sociedad.

No obstante, reprochan al Ministerio Público español que en dicho momento "no se aportaron datos sobre si los hechos investigados que podían ser constitutivos de dichos delitos --eran predicables de algunos contratos o de todos y tampoco si todos los delitos podían concurrir en todos los contratos o no". En atención a la ausencia de la información que se había solicitado, "no le era posible a la Fiscalía Europea valorar su competencia", en dicho momento.

Adif usó fondos europeos

La Fiscalía Europea ya había señalado en decretos anteriores al de este jueves que tuvo conocimiento de uno de los contratos que investigaba el juez Moreno de los vinculados al Ministerio de Transportes, adjudicado por ADIF, "había sido cofinanciado con fondos europeos", gracias a la información entregada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esta circunstancia ha dado pie a reclamar toda la causa dada la afectación a fondos europeos del pelotazo de Soluciones de Gestión por un monto total de 54 millones de euros sin que sea necesario "exigir la existencia de un efectivo perjuicio o menoscabo económico inmediato". Se trata de investigar todos los contratos adjudicados por las distintas autoridades públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo, defienden desde Luxemburgo.

"Resulta difícil circunscribir las irregularidades descritas en la querella exclusivamente a una parte de los contratos de los que resultó adjudicataria Soluciones de Gestión dejando al margen los demás contratos que también le fueron adjudicados en las mismas circunstancias por diversas razones", aducen.

Igualmente, encuentran dificultades ante la posibilidad de investigar por separado los delitos de organización criminal, de blanqueo de capitales o de cohecho "según afecten a los contratos financiados con fondos europeos o contratos financiados con fondos nacionales".