Abascal, el juicio contra Netanyahu por corrupción y su golpe de estado judicial

Es posible que usted sepa, haya leído u oído, que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es acusado de delitos de corrupción. También puede conocer que el juicio por tres casos comenzó en Jerusalén en enero de 2020. Pero quizá desconozca que a partir de diciembre pasado, el tribunal ha reanudado el enjuiciamiento interrumpido por el estado de excepción declarado tras la operación de Hamás el 7 de octubre de 2023. Y seguramente no tiene por qué saber que desde febrero de 2024 las sesiones semanales se han ampliado a cuatro. Y, por último, no sería descartable que usted haya oído que el gobierno Netanyahu aprobó una ley que pretendía anular la competencia del Tribunal Supremo para anular leyes del Parlamento [Knesset] y del Poder Ejecutivo, lo que desencadenó multitudinarias movilizaciones contra la llamada deriva autocrática del primer ministro.

La visita del líder de Vox, Santiago Abascal, dos días después de la masacre provocada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y su apoyo incondicional a un “posible genocida”, definición utilizada por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el 26 de enero de 2024 para calificar la ofensiva militar de Israel en Gaza tras la matanza de militares y mayoría de civiles del 7 de octubre provocada por milicianos palestinos de Hamás, suponen un espaldarazo a la presunta corrupción y a un gobierno que socava la democracia.

El Tribunal de la Haya afirma que el “posible genocidio” en Gaza se agrava tras su orden a Israel de frenar sus acciones, por Ernesto Ekaizer

Fraude y abuso de confianza

Los casos de corrupción, según el auto de procesamiento, por de Netanyahu van desde fraude y abuso de confianza en tres casos: recibió regalos como puros, champán, joyas a su esposa, y billetes gratis de avión, del magnate de Hollywood Arnon Milchan y el multimillonario James Packer (280.000 dólares); buscar cobertura favorable de uno de los periódicos líderes, Yedioth Ahronoth, a cambio de limitar la circulación de uno de sus principales diarios rivales Israel Hayom. En el tercer caso, el más grave, se le ha acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, por resoluciones adoptadas en favor Shaul Elovitch, magnate del grupo de comunicación Bezeq, el mayor de Israel, a cambio de cobertura favorable a Netanyahu y su esposa Sara -la defensa reiterada de ambos frente a sus rivales políticos- en el portal digital Walla News. Las decisiones de carácter regulatorio habrían permitido a Elovitch un beneficio de 500 millones de dólares.

El abogado del Estado hizo público el auto de procesamiento de Netanyahu el 21 de noviembre de 2019. A partir de su situación personal, el gobierno de extrema derecha comenzó una ofensiva contra el poder judicial. El ariete de la misma fue una decisión del Tribunal Supremo de julio de 2021, contra uno de los requisitos de la ley de gestación subrogada, que discriminaba a algunos hombres. El Ministerio de Salud modificó la ley para permitir a “cualquier persona” el acceso a embarazos subrogados, incluyendo a hombres solteros y personas transexuales.

Las elecciones del 9-J tendrán lugar con la ley de amnistía aprobada y camino del BOE, por Ernesto Ekaizer

En este contexto, el gobierno presentó proyectos de ley para la reforma judicial: modificación del comité de selección de jueces introduciendo la mayoría simple del gobierno para elegirlos, en lugar del consenso entre la rama judicial y política, por un lado, y prohibición al Tribunal Supremo la revisión de las llamadas “leyes básicas” considerándolas leyes fundamentales- Israel carece de carta magna- y limitando su función a impugnar leyes ordinarias en caso de contradecir a las “leyes básicas”, y siempre que lo hagan con mayoría de 12 de los quince magistrados en lugar de la mayoría simple vigente. Todo ello con la guinda: el Parlamento podría invocar una “cláusula de anulación” para volver a promulgar las leyes revisadas por el Supremo con el voto de 61 diputados.

La ley de razonabilidad

En julio de 2023, el Parlamento aprobó la ley de Razonabilidad, el comienzo del ataque al poder judicial, por la que se impedía revisar las decisiones gubernamentales al considerarlas irrazonables o no razonables, un criterio casi universal que establece la constitucionalidad o no de una medida o resolución.

Finalmente, el Supremo derogó, el 1 de enero de 2024, es decir, después de la masacre del 7 de octubre de 2023, por una estrecha votación de 8 contra 7 esa ley de Razonabilidad y anuló por una mayoría de 12 contra 3 ratificar su competencia para revocar “leyes básicas”. La palanca, pues, de lo que era un intento de golpe de estado judicial quedó fuera de combate.

Y en febrero pasado, el tribunal de Jerusalén, que volvió a celebrar dos sesiones semanales del juicio contra Netanyahu resolvió ampliar a cuatro sesiones para acelerar el desenlace. El primer ministro se aferra, entre otras a la carnicería de la Franja de Gaza, para zafarse de sus responsabilidades penales.

Santiago Abascal apoya, pues, no solo a un “posible genocida”, para usar el cauto lenguaje de La Haya en su orden del 26 de enero de 2024, sino a un primer ministro sentado en el banquillo por corrupción que ha intentado un asalto en toda regla al poder judicial israelí. Este es el mensaje de Abascal desde Tel Aviv a los electores europeos haciéndose la foto con Netanyahu, para denostar a Pedro Sánchez, de cara al 9-J.

Suscríbete para seguir leyendo