El Supremo rechaza que la "única solución" para los interinos sea hacerlos funcionarios fijos, pero preguntará a Europa

La justicia española se resiste, al menos por el momento, a aceptar las recomendaciones que llegan desde Europa para que España haga funcionarios fijos a los interinos que trabajan en las administraciones públicas. Tras una sentencia del pasado febrero en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parecía recomendar que se convirtieran "los contratos temporales en contratos fijos" para evitar posibles abusos de este modelo desde las administraciones públicas, el Tribunal Supremo ha rechazado ahora que esta sea la única fórmula posible y se prepara ya para preguntar "de forma inminente" si el modelo actual se ajusta o no a las leyes europeas.

Según explican a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, esa sentencia del TJUE "del 22 de febrero de 2024 nunca dijo que la única solución para los indefinidos no fijos fuera la declaración de fijeza", y, en ella, se "preveían expresamente otras soluciones alternativas". Es decir, que el hecho de que desde Europa se propongan mecanismos como el de hacerles fijos no quiere decir que sea un mandato para ajustarse a sus leyes.

Por ello, y para zanjar de una vez por todas las posibles ambigüedades, desde el Supremo indican a este periódico que la Sala va a presentar "de forma inminente" la cuestión prejudicial al TJUE para "clarificar si las medidas del ordenamiento jurídico español se ajustan al derecho de la Unión".

El Tribunal Supremo avala que los interinos en entidades locales puedan pasar a funcionarios sin superar una oposición

"Dudas" con el criterio

Por el momento, el Alto Tribunal parece tener claro que de la sentencia de febrero del TJUE “no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos, que como ya se ha visto es algo incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública —que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública—, y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente”.

Así lo reflejó el Supremo en un recurso de casación para la unificación de doctrina de finales de abril y al que ha tenido acceso este periódico. A pesar de que en él se trata un asunto ligeramente diferente, la Sala de lo Social aprovechó para dejar claro su criterio al interpretar que el personal interino no es igual que el temporal, pues no ha superado la oposición necesaria para tener una plaza funcionarial.

Uno de los objetivos marcados por el Gobierno es, precisamente, reducir la precariedad y fomentar la estabilidad laboral dentro del personal de las administraciones públicas. Un problema que es especialmente importante dentro de los sectores educativo y sanitario, donde una parte importante de su personal encadena contratos de este tipo.