Marta Molina se declara "activista y pacifista" ante el juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic

Los imputados en Tsunami Democràtic lo intentaron todo para que el juez Manuel García Castellón suspendiera la citación que les había dirigido para que declararan ante él a través de una videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Finalmente, solo lo ha hecho la secretaria general de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, que ante el magistrado se ha definido como "activista y pacifista" y ha asegurado que nunca ha respaldado actos violentos. El resto de investigados por delitos de terrorismo por las protestas organizadas por la plataforma contra la sentencia del 'procés' no ha comparecido por estar fuera de España.

Fuentes de la acusación aseguraron que ni la fiscalía, ni las acusaciones populares y particulares personadas en el procedimiento han solicitado medida cautelar alguna para la única imputada que ha comparecido, por lo que el magistrado no ha acordado ninguna, ni siquiera la retirada de pasaporte. El principio acusatorio impide que un juez pueda acordar una medida restrictiva si no la pide alguna parte.

Tampoco se ha solicitado nada para los otros imputados por terrorismo, aunque las fuentes consultadas no descartan que el magistrado les dé traslado para que se pronuncien sobre su incomparecencia, pese a estar citados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 podría volverlos a citar y terminar dictando una orden de busca y captura que deberá ser internacional, al residir fuera de España la mayoría de ellos.

Molina, que solo contestó a las preguntas que le formuló su abogada, Marina Roig, negó cualquier actividad que pudiera estar relacionada con altercados públicos y mucho menos con el terrorismo. Explicó que todo el mundo sabe que Tsunami Democràtic es pacífico y que llegó a sus comunicados a través de la prensa. Añadió que en ellos no se incitaba a la violencia, porque el movimiento independentista no es terrorista ni violento.

Solo tres excusados

Todos los intentos de la defensa de suspender la citación chocaron contra el magistrado, que solo anuló la de la mano derecha del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por su estado de salud, y las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el empresario Oriol Soler, porque sus abogados defensores tenían señalamientos previos en el País Vasco y en Catalunya, respectivamente. Se da la circunstancia de que el abogado de este último, Benet Salellas, también lo es de Josep Campmajó y de Oleguer Serra, por lo que de haberlo alegado, también se habría suspendido su citación.

Pero ambos centraron su reclamación en poder declarar por videoconferencia desde Suiza, donde residen ahora, como también había pedido sin éxito Rovira en un primer momento. Por su parte, el exconseller de ERC Xavier Vendrell solicitó poder hacerlo desde Colombia. El magistrado rechazó esa posibilidad, porque para ello tendría que cursar una comisión rogatoria internacional y ello dilataría el procedimiento. También se encuentra en Suiza el periodista Jesús Rodríguez, que el martes se personó en la causa.

Los otros dos imputados en la Audiencia Nacional son Jaume Cabaní y el banquero italiano Flavio Giulio Foglia. Al primero se le sitúa en Bélgica, pero no ha comparecido en el juzgado, y para poder localizar al segundo, el juez ha cursado una comisión rogatoria internacional a Italia.

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De esta forma solo compareció ante el juez Marta Molina. Pero no estuvo sola, porque el soberanismo había convocado un acto en apoyo a las puertas de la Ciutat de la Justícia al que acudieron el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, además de varios representantes de Junts, la CUP y los Comuns, así como una delegación de Òmnium Cultural, encabezada por su líder, Xavier Antich, que aprovechó la cita para apoyar al dirigente de la entidad Oleguer Serra.

El martes se presentó un manifiesto en apoyo a Molina, en cuya rueda de prensa la investigada negó las acusaciones de terrorismo y defendió “el derecho de protesta pacífica y democrática de forma perseverante y firme”. En esa comparecencia dijo ser “consciente” de que el juez podía decretar prisión provisional."Yo lo asumo, pero el Estado deberá asumir las consecuencias de volver a tener presos políticos en prisión", espetó. Ninguna de las acusaciones personadas ha pedido siquiera que se le retire el pasaporte, que es la medida más leve de las previstas.