Pleno del martes
El PSOE vuelve a llevar la memoria histórica al Congreso para retratar al PP y sus pactos con Vox
La ONU concluye que las "leyes de concordia" de PP y Vox vulneran los tratados internacionales
El Gobierno llevará al Constitucional las leyes autonómicas anti memoria histórica de Vox y el PP
Celebración del 14 de abril en Paterna. / EDUARDO RIPOLL
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El PSOE lleva al pleno del Congreso de este martes una iniciativa para que los partidos se reafirmen sobre la aplicación de la ley de Memoria Democrática en las comunidades autónomas, después de que gobiernos regionales del PP y Vox se hayan mostrado en contra con la presentación de leyes de "concordia".
En concreto, el grupo socialista insta a través de una proposición no de ley a que el pleno del Congreso pida al Gobierno que siga desarrollando la actual Ley de Memoria Democrática y reafirme el "deber y el compromiso de nuestra sociedad de proceder a la dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil" y que sufrieron "las consecuencias y la represión de la dictadura franquista".
En un comunicado, los socialistas explican que con esta iniciativa responden a la "oleada negacionista" de las políticas de memoria democrática de gobiernos autonómicos PP y Vox, que en su opinión "constituye un desprecio a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura" y un "desafío a la aplicación, implementación y desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática".
El Gobierno ha anunciado recientemente que llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria democrática autonómica en Aragón. Esta comunidad autónoma prepara un plan que sustituya esta norma, mientras que la Comunidad Valenciana y Castilla y León han impulsado proposiciones de ley denominadas de "concordia", todavía pendientes de aprobación.
El diagnóstico de la ONU
Recientemente, la ONU pidió al Gobierno de España adoptar "todas las medidas necesarias" sobre las llamadas leyes de "concordia" al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
Lo hizo después de que el propio Gobierno acudiera a este organismo como parte de su ofensiva contras estas leyes de PP y Vox.
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