Investigación
La Fiscalía Europea rastrea en Bélgica, Italia e Inglaterra el ‘caso mascarillas’
Incorpora a la investigación a la mujer de Rayco González y a la empresa a la que le compró un millón de cubrebocas falsos
Levantan el secreto de sumario después de más de un año de investigación
![Imagen de archivo de Rayco González, administrador de RR7, junto a su abogado, a la entrada del juzgado en Las Palmas de Gran Canaria.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fbbd0db7-51a8-43fd-83e9-6652b3e3402b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Imagen de archivo de Rayco González, administrador de RR7, junto a su abogado, a la entrada del juzgado en Las Palmas de Gran Canaria. / EFE
La Fiscalía Europea levanta el secreto de sumario del caso mascarillas y amplía el ámbito de investigación a tres países europeos. Las fiscales responsables de la instrucción pidieron ayuda a las delegaciones en Italia, Bélgica y Reino Unido. La información fue traducida y trasladada a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, para esclarecer la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), a través de un contrato de emergencia durante los peores meses de la pandemia. El millón de mascarillas adquiridas por cuatro millones de euros a la empresa RR7 United –dedicada al sector de la automoción– nunca llegaron a los hospitales del Archipiélago.
En el trascurso de la investigación, la UDEF informó a la Fiscalía Europea de "la posible implicación con los hechos de nuevas personas". En concreto, apuntan a Belén María de los Ángeles Arencibia Alemán, esposa de Rayco Rubén González –administrador de la empresa RR7–; así como a la Mercantil Yilhal Import and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, el empresario con el que Gonzalez cerró presuntamente la compra del material. Las mascarillas llegaron al Puerto de La Luz y de Las Palmas el 10 de marzo de 2021 procedentes de Addis Abeba (Etiopía), por un importe de 2,28 millones de euros. Aduanas, al confirmar que se trataba de una falsificación de mascarillas de marca 3M, procedió a la destrucción del cargamento.
Teléfonos móviles
A raíz de las posibles nuevas implicaciones, en marzo de 2023, las fiscales europeas solicitaron analizar las conversaciones entre Rayco González, su esposa y Al Sabbagh; así como de Samuel Machín –el comisionista que actuó como interlocutor entre SCS y RR7–, la mujer de González y Al Sabbagh – empresario al que el administrador de RR7 denunció ante la Policía Nacional por estafa y con el que contactó a través Lucas Cruz, el representante de un fondo de inversión que negoció en 2019 la compra del Club Baloncesto Gran Canaria–.
Las fiscales europeas ampliaron las pesquisas para rastrear los archivos de imágenes, audio, vídeo o documentos encontrados en los teléfonos analizados. El pasado martes, la UDEF entregó a la delegación española de la Fiscalía Europea un disco duro con un informe sobre el contenido del terminal de Rayco González.
Después de más de un año de investigación, las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez han levantado el secreto de sumario, pues ya se han llevado a cabo las diligencias que motivaron la necesidad de prevenir el conocimiento de las actuaciones por parte de los investigados o de terceras personas. El alzamiento del secreto de las actuaciones permitirá a las partes acceder al contenido de la instrucción. Además, adelantan que se acordará citar a los investigados para una primera comparecencia.
La compra de las mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios derivó en una querella de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas a Conrado Domínguez –director del SCS entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022– por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La denuncia, admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, también incluye al administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales; y a Ana María Pérez Afonso, exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, por presunta prevaricación administrativa.
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