Aragonès revaloriza las ayudas sociales y presiona a la oposición para tener presupuestos

El Govern ha aprobado este martes el decreto para incrementar un 5,4% el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC). Se trata del índice de referencia para revisar los subsidios de la Generalitat como el de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o el 'Bo lloguer jove', entre otros. Así, este indicador aumentará hasta los 755,82 euros mensuales, que equivalen a 9.069,83 anuales. Con esta decisión, el ejecutivo catalán revaloriza las ayudas sociales por vía de decreto y sin esperar a cerrar los presupuestos catalanes de este año con la oposición.

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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sido el encargado de firmar el decreto junto con la consellera de Economia, Natàlia Mas, y el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Se ha decidido tramitar vía decreto porque la Generalitat sigue sin tener despejado el camino para aprobar la cuentas públicas de este año. Es el segundo año consecutivo que Aragonès sube el IRSC: el año pasado ya lo hizo en un 8%.

En la tradicional comparecencia de los martes tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha defendido que con esta medida se visualiza el "compromiso firme" de la Generalitat en la lucha contra la pobreza y la cohesión social. La revalorización de las ayudas sociales fue pactada por el Govern con los sindicatos y las patronales en diciembre del año pasado y este martes se ha hecho efectiva.

Presión a los partidos

Pero más allá de las consecuencias sociales que pueda tener la decisión de hoy, el decreto del IRSC de este martes también tiene una lectura política. Aragonès trata de añadir presión a los partidos de la oposición para que le aprueben los presupuestos. El mensaje que envía el president es que, tenga cuentas o no, él ya ha cumplido aumentando las ayudas sociales. Si la oposición le aprueba los presupuestos, podrá apuntarse también la medida, si no lo hace, se la apuntará solo él. La misiva va especialmente dirigida al PSC y a los Comuns, los socios prioritarios.

El decreto aprobado este martes entra en vigor cuando se publica oficialmente, pero para no quedar derogado en unos días, tiene que recibir el aval del Parlament en el plazo de un mes. Sin embargo, el Govern cree que no debería tener problemas para ratificarlo porque difícilmente la oposición le tumbará una norma con mejoras sociales.

Negociaciones: "Avanzamos bien"

Sobre las negociaciones de los presupuestos, la Generalitat sigue defendiendo que "avanzan bien" pese a que ya hace semanas de que no se vislumbra ninguna novedad. "Estamos convencidos de que Catalunya tendrá presupuestos en vigor este 2024", se ha limitado a sostener Plaja.

El Govern tiene previstas esta semana nuevas reuniones con los grupos parlamentarios y espera poder desencallarlos en "pocos días", como dijo recientemente la consellera Mas en el Parlament. Sin embargo, la oposición sigue siendo mucho menos optimista. Socialistas y Comuns siguen insistiendo en que el primer paso que debe dar el president Aragonès es explicar por qué no se ha cumplido todo lo pactado en 2023 y fijar un calendario para saldar lo pendiente. El partido de Salvador Illa mantiene un contacto fluido con la conselleria de Economia, pero con un ojo puesto en qué pasa con las cuentas de Pedro Sánchez y con la ley de amnistía.

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El "intercambio de cromos"

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha vuelto a insistir en que, a este ritmo, es prácticamente imposible tener cerrado un pacto antes de que acabe el mes de febrero, aunque tampoco consideran que haya una fecha límite para las negociaciones. Además de acusar al Govern y al PSC de querer hacer un "intercambio de cromos" con los presupuestos del Estado y el gobierno municipal de Barcelona, para los Comuns continúa siendo determinante que Aragonès descarte el Hard Rock.

Esta condición también es 'sine qua non' para la CUP, así como aclarar si ERC está en contra o no de la ampliación del aeropuerto de El Prat y del cuarto cinturón. El diputado Xavier Pellicer ha admitido que se han intercambiado documentos con el Govern, pero que no han recibido respuesta a sus demandas en materia de vivienda, salud pública y una red de supermercados pública.