El fiscal general niega presiones y pide "unidad de criterio" sobre la imputación a Puigdemont por Tsunami Democràtic

Las tensiones generadas dentro de la Fiscalía por la posible imputación del expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic han impactado de lleno en la visita del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a Barcelona, donde tenía previsto desde hace semanas reunirse con la cúpula del Ministerio Fiscal en Catalunya. Antes de empezar la reunión, celebrada en la Ciudad de la Justicia, García Ortiz ha aprovechado para salir al paso de las críticas y filtraciones de los últimos días y para defenderse de las acusaciones que le achacaban presiones para evitar una imputación por terrorismo al expresident.

En declaraciones a la prensa, el fiscal general ha calificado de "normalidad" la existencia de distintos criterios por parte de los fiscales y ha pedido "dejar trabajar en paz" y evitar las filtraciones, que son una "traición a la privacidad y al compañerismo", ha dicho. Así, ha negado haber influido en el fiscal Álvaro Redono para que modificara su criterio y ha asegurado múltiples veces que ignoraba la existencia de un borrador anterior del mismo Redondo diferente al que finalmente se le entregó y presentó.

En este sentido, ha asegurado que los documentos de trabajo pertenecen a la "absoluta privacidad" y ha avisado de que en el entorno laboral no puede haber desconfianzas, ni se puede "tener que vigilar" con quién se habla. "Para mí solo hay una referencia. Ignoro e ignoraba la existencia de un informe anterior, lo he visto por informaciones de prensa", ha defendido García Ortiz para tratar de zanjar la polémica.

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Sin decisión sobre Puigdemont

Este ha sido el primer pronunciamiento público de García Ortiz después de que este miércoles un total de 12 de los 15 fiscales del Tribunal Supremo apreciaran indicios de terrorismo y que 11 de ellos los consideran suficientes para imputar a Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg. Una reunión en la que se posicionaron de manera diferente los dos jefes de la sección primera, Fidel Cadena -conocido por ser el fiscal del 'procés'- y Joaquín Sánchez-Covisa. Una discrepancia que obliga a elevar la decisión un eslabón más arriba en la escala jerárquica del Ministerio Fiscal, siendo ahora la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, quién acabe tomando la decisión.

Sobre ello, García Ortiz ha asegurado que es habitual que haya diferencias, pero ha pedido "armar una unidad de criterio". Eso sí, ha considerado "anómalas" y "sorprendentes" las manifestaciones del fiscal Salvador Viada, quien en una entrevista Onda Cero ha dado a entender que la discrepancia estaba pactada y ha calificado de "155" encubierto el cambio de postura de Redondo. "Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, quien tiene el encargo de resolver estas discrepancias es la teniente fiscal la número uno real de la carrera. Hay que dejarla trabajar en paz", ha dicho, en referencia a Sánchez-Conde.

Por todo ello, ha pedido que se permita un "espacio de trabajo" en condiciones y sin presiones externas. "Si nosotros mismos no nos cuidamos, estamos en el camino equivocado", ha señalado García Ortiz, recordando que si los fiscales piden a los políticos poder trabajar de forma independiente, deben actuar con las mismas exigencias entre compañeros. "Tenemos una discrepancia que debe resolver la jerarquía", ha añadido, dejando claro que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto.

El recuento de la amnistía

Por otro lado, García Ortiz ha descartado dar su opinión, a preguntas de los periodistas, sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la semana pasada descartó el delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. "El fiscal no está para opinar, está para trabajar con tranquilidad", ha remachado.

Finalmente, también ha explicado que la Fiscalía Superior de Catalunya está recopilando información de todas las fiscalías provinciales para hacer un recuento exhaustivo de cuántas causas serían susceptibles de quedar amparadas por la ley de amnistía, por lo que ha rehuido dar aún una cifra aproximada. "Es un proceso más complicado de lo que puede parecer. Tenemos que hacer un conteo manual", ha argumentado, asegurando que no es tan fácil como "darle al botón".