La fiscalía no se opuso a prorrogar la instrucción de Tsunami Democràtic para que pueda continuar en Catalunya

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no se opuso a que el juez Manuel García-Castellón prorrogara la instrucción de la causa abierta por las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic porque haya cambiado de criterio y ahora coincida con el magistrado en apreciar indicios de un delito de terrorismo. Lo ha hecho porque si la Sala de lo Penal de la Audiencia le termina dando la razón y solo aprecia desórdenes públicos agravados, los juzgados que lo tengan que investigar en Catalunya dispongan de tiempo para hacerlo.

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Fuentes del ministerio público explican que el criterio del fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, no se ha visto alterado y sigue considerando que en la causa no hay indicios para imputar un delito de terrorismo a ninguno de los investigados, porque a su juicio lo ocurrido es constitutivo de desórdenes públicos agravados. Eso supondría que el procedimiento dejara de ser competencia de la Audiencia Nacional y tuviera que ser remitido a los juzgados de los lugares donde se produjeron los altercados investigados.

De hecho la muerte de un turista francés durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat ya supuso la apertura de diligencias por un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat, pero las archivó al no apreciar delito. El corte de la AP-7 a su paso por La Jonquera correspondería a los juzgados de esta comunidad y otros hechos, como los altercados donde resultaron heridos dos policías en Via Laietana y la plaza de Urquinaona, a los de Barcelona.

La Fiscalía está a la espera de que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso que interpuso al auto de imputación dictado por el magistrado el pasado 6 de noviembre, al que luego se sumó la impugnación por la exposición razonada que el magistrado elevó al Tribunal Supremo para que impute a los dos aforados contra los que apreciaba indicios: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg, que este miércoles se ha sabido que ha seguido los pasos de otra imputada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y también se ha trasladado a Suiza.

Mientras se resuelve el recurso y se le da la razón o no al ministerio público, la instrucción debía ser prorrogada, porque no hacerlo significaría su cierre y que, en el caso de que la Sala de lo Penal tampoco apreciase indicios de terrorismo, que es lo concede la competencia a la Audiencia Nacional, los juzgados que recibieran las actuaciones se verían impedidos para investigar nada tras recibirlas.