En el Congreso
Las comisiones sobre la 'operación Cataluña' y el 'lawfare' arrancarán con el choque por la comparecencia de jueces
¿Por qué los jueces no tienen por qué acudir a las comisiones del 'lawfare' de Junts?
ERC, Bildu, Podemos y BNG piden en el Congreso investigar presuntas irregularidades en la RFEF en la etapa de Rubiales
Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
El arranque de 2024 será de todo menos tranquilo. Con la XV legislatura dando sus primeros pasos, enero será un mes decisivo en la relación entre el Gobierno de coalición y sus socios independentistas. Más allá de los trámites de la ley de amnistía, que se prevé aprobar en el Congreso antes de que termine el mes, PSOE y Sumar tendrán que poner en marcha las tres comisiones de investigación que pactaron con ERC y Junts y que fueron aprobadas hace unas semanas. La dificultad estará en lograr consensuar una lista de comparecientes después de que los dos partidos catalanes hayan exigido la asistencia de varios jueces, algo a lo que se resisten los socialistas.
A mediados de diciembre, en un pleno maratoniano, la Cámara Baja dio el visto bueno a tres comisiones de investigación para indagar sobre la 'operación Cataluña', el uso del software Pegasus para espiar a distintos responsables políticos y los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. En ese debate, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acusó a jueces, con nombre y apellidos, de haber cometido 'lawfare' contra el independentismo. Todos ellos, dijo, quieren que comparezcan en el Congreso.
La Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, debe ser quien active los trabajos de las tres comisiones. Fuentes de ERC apuntan a que se dará este paso en enero, nada más empezar el año. Empezará entonces la compleja negociación para confeccionar una lista de comparecientes. El antecedente más cercano, una comisión sobre la Kitchen celebrada hace un año, demuestra lo difícil de estas conversaciones: los partidos solo lograron acordar en un inicio dos nombres.
Posiciones encontradas
Una vez arranquen los trabajos en las tres comisiones será necesario que cada formación presente un listado de comparecientes y, entre todos, deberán consensuar una lista que obtenga el respaldo de una mayoría de los miembros de la comisión. Tanto Junts como ERC quieren ver desfilar a distintos jueces por el Congreso para dar cuenta de la posible existencia de 'lawfare' contra el independentismo. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avisado de que se opondrá de plano.
A la vista de las intenciones de los partidos independentistas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó de manera unánime instar "al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional". Sin embargo, ERC y Junts no ven obstáculos para llamarlos a comparecer.
Fuentes parlamentarias aseguran que aún no se han iniciado las conversaciones entre los distintos grupos para conseguir una lista de consenso, pero aseguran que en las próximas semanas se pondrán en marcha esos contactos. Para estar prevenido, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció que solicitará un informe a los letrados sobre la posibilidad de hacer comparecer a jueces en el Congreso.
Otros comparecientes
Más allá de los jueces que ERC y Junts pretenden citar, los partidos del Gobierno y sus socios podrán llamar a antiguos dirigentes del PP. En 2023 acordaron llamar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su supuesta implicación en la 'operación Cataluña', una rama de la operación Kitchen que se desarrolló durante el mandato de Mariano Rajoy. Para indagar en el presunto uso de recursos reservados del Ministerio del Interior para investigar a la oposición política también pactaron el nombre de una quincena de cargos policiales. Entonces, Unidas Podemos pidió llamar a periodistas para analizar la rama mediática de este caso de corrupción, pero el PSOE se negó.
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