Caso Pegasus
El Supremo se escuda en el secreto para no entregar información sobre el espionaje a Aragonès
Un juez investiga a la exdirectora del CNI por el espionaje a Aragonès con Pegasus
El Gobierno se abre a desclasificar documentos del caso Pegasus
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès. / David Zorrakino / Europa Press
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La ministra de Defensa, Margarita Robes, aseguró el lunes que veía "bastante probable" que el Gobierno desclasifique los secretos sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI, mientras el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que esos documentos verán la luz si la autoridad judicial lo solicita y si se entiende que es oportuno y legal. Por ahora no se ha producido ese levantamiento de la reserva de secreto (desclasificación) y el proceso judicial abierto por presunto espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se está instruyendo al ralentí. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo de Lucas, responsable del control judicial del servicio de inteligencia español, ha denegado al juez de Barcelona Santiago García García información sobre si autorizó el uso de ese programa en el caso del jefe del Govern. El motivo: el documento que reclama todavía está clasificado como secreto, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO.
Está previsto que este miércoles Aragonès declare como testigo ante el juez de Barcelona. No lo hará, en cambio, la exdirectora del CNI Paz Esteban, que debía comparecer como imputada, a petición de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, que, a su vez, ha recurrido la decisión del togado de solicitar al Gobierno la desclasificación de documentos, una petición que está sobre la mesa del Consejo de Ministros desde el pasado 14 de noviembre, según fuentes jurídicas. Esteban alegó que no había podido tener acceso a toda la documentación del caso, por lo que se pidió más tiempo al juez instructor, quien ha aceptado posponer la declaración de la exjefa de los espías al próximo mes de enero. Cabía la posibilidad de que la exresponsable del CNI no contestara a determinadas preguntas precisamente por la no desclasificación de documentos. La fiscalía también ha presentado un recurso por la petición por parte del juez de varios documentos.
Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, sobre el que recayó el caso, se inhibió en un principio ante la Audiencia Nacional, a instancia de la fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado. Sin embargo, esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado Santiago García García asumió el caso. En un auto de mediados de octubre acordó admitir a trámite la querella y citó como investigada a Esteban -en la que es su primera imputación por los espionajes con Pegasus- para este 13 de diciembre (comparecencia que fue aplazada), el mismo día en el que está citado Aragonès, en su caso, como perjudicado.
La destitución
El Gobierno destituyó a Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica por el espionaje con Pegasus, que además de Aragonès y más de medio centenar de dirigentes independentistas también alcanzó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Su cese fue una exigencia de ERC al PSOE para volver a contar con su apoyo parlamentario.
En el auto de admisión de la querella, el juez de Barcelona requirió al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno español, con sede en la Moncloa, si el servicio de inteligencia a "cualquier otro organismo gubernamental español" ha adquirido o utilizado el programa, qué personas intervinieron en su adquisición y que le remitieran cualquier registro de eventos, incidencias o datos en relación con el número de teléfono de Aragonès. Asimismo, reclamó al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le enviaran certificación sobre si el CNI compró el programa a la empresa israelí NSO y otras compañías y sobre su coste.
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