Álvaro García
El Poder Judicial califica de no idóneo a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia
El gobierno de los jueces emite un informe contrario a Álvaro García, renovado por el Gobierno al frente de la Fiscalía General del Estado
El sector mayoritario del Consejo le afea que atribuyó que el Tribunal Supremo le atribuyó desvío de poder en el ascenso de su predecesora Dolores Delgado y que no ha reaccionado ante acusaciones de lawfare
Cristina Gallardo
Periodista
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Ángeles Vázquez / Cristina Gallardo
Por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado no contará con el aval de idoneidad de uno de los órganos constitucionales que participan en su nombramiento. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial frente a siete han votado en contra de otorgar su confianza a Álvaro García, un trámite que en la gran mayoría de nombramientos anteriores se limitaba a un mero control de los requisitos legales para acceder al cargo: ser español, tener más de 15 años de ejercicio y ser un jurista de reconocido prestigio, y él los cumple sobradamente.
La práctica mayoría del sector conservador ha votado en contra, una postura en la que han pesado mucho algunas de las últimas actuaciones del principal responsable del Ministerio Público como su decisión de ascender a la máxima categoría de la carrera a su antecesora, la polémica Dolores Delgado, lo que ha sido anulado por el Tribunal Supremo, que le atribuye en su sentencia haber incurrido en "desviación de poder". También su falta de reacción ante la mención al lawfare en los acuerdos de investidura entre PSOE y Junts, como le han reclamado distintos fiscales y, en especial, los del 'procés'.
El informe del Consejo es preceptivo, aunque no vinculante, si bien el resultado pone en evidencia el descontento que la figura elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez despierta en buena parte del mundo de la justicia.
En el Pleno han participado sólo 15 vocales, al haberse abstenido el vocal Enrique Lucas -designado a propuesta de PNV- puesto que su hermano Pablo, magistrado del Tribunal Supremo, formó parte de la Sala que firmó la sentencia que anuló el ascenso a fiscal de Sala de Delgado. Su ausencia redujo a ocho el número de votos necesarios para sacar adelante el informe de idoneidad.
En la primera ocasión en la que se valoró la designación de García, en julio de 2022, siete vocales del sector conservador votaron en contra frente a una mayoría de doce que cumplieron con el trámite de darle el beneplácito por cumplir con los requisitos legales. A esos siete vocales -María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Jose Antonio Ballestero y Carmen Llombart- se ha sumado en esta ocasión Wenceslao Olea.
A favor de la idoneidad se han pronunciado los vocales progresistas Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, además de los conservadores Juan Martínez Moya y el actual presidente suplente, Vicente Guilarte.
Apariencia de imparcialidad
La primera vez que García se sometió al análisis del CGPJ, los vocales que votaron en su contra firmaron un duro voto particular por "falta de apariencia de imparcialidad" en la figura del que hasta entonces había sido mano derecha de su predecesora, la polémica Dolores Delgado. Entre otros argumentos, esgrimían su participación en actos que han creado "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir", por su presencia en un debate organizado por el PSOE de Galicia en 2019.
Por el momento, incluso la convocatoria del Pleno para tratar esta cuestión fue motivo de cierta bronca en el Consejo. Tras producirse la inclusión del asunto del plácet al fiscal general en el Pleno de este jueves, que es el ordinario que se celebra una vez al mes, Wenceslao Olea presentó una queja alegando que la reunión debería haber sido convocada con al menos tres días de antelación. Su postura no salió adelante y finalmente el asunto se discutió.
Existen antecedentes de fiscales generales que no obtuvieron el aval unánime del Consejo del Poder Judicial. Le pasó a Javier Moscoso en 1986 -obtuvo 13 a favor y 6 en contra-, y a Eligio Hernández en 1992 -seis vocales firmaron un voto particular contra su nombramiento-. En el caso de Dolores Delgado la situación se repitió con la ausencia de los vocales Wenceslao Olea y el actual presidente suplente, Vicente Guilarte. Se dio el resultado 12 a favor y siete en contra que se repitió dos años después con García.
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