¿Cómo será el traspaso de Rodalies a Catalunya?

"Culminaremos el traspaso de Rodalies que empezó en los años 2009 y 2010". Con esta afirmación del ministro Félix Bolaños, el Gobierno en funciones ha hecho público y explícito tras el pacto de investidura con ERC su compromiso de cerrar una demanda histórica que ha supuesto una disputa de casi dos décadas entre la Moncloa y la Generalitat, con un largo memorial de agravios denunciados a este lado del Ebro sobre el servicio ferroviario en Catalunya. Un informe reciente del Govern cifra en 831 las incidencias graves que se produjo en Rodalies durante el 2022. "Hemos logrado la titularidad de la infraestructura por donde pasan los trenes, los recursos necesarios y controlar quién acabará operando el servicio", han celebrado fuentes del Govern, que insisten en que el momento político de la investidura ha permitido desencallar una carpeta con un alto impacto en la vida de los catalanes.

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Pero falta mucha pana por cortar y no es una transferencia sencilla, ni por los recursos tras años de "infrafinanciación" ni por la gestión de las vías -especialmente las que comunican con Francia y otras comunidades autónomas y por las que circulan mercancías- ni tampoco por el personal de Renfe. La prueba del algodón de la complejidad es que no hay una fecha final del traspaso, aunque el Govern la sitúa en los próximos cuatro años, y que se gestionará mediante la creación de una empresa, Rodalies Catalunya, participada por la Generalitat y el Estado. La falta de detalle alcanza el clímax cuando fuentes del Govern admiten que no se ha detallado la financiación, ni el calendario. Y este último no es un detalle menor, pues aunque la idea es terminar controlando toda la red, solo se sabe por dónde se empezará.

Creación de la empresa 'Rodalies Catalunya'

PSOE y ERC han acordado que el servicio ferroviario esté gestionado por una empresa pública y mixta con el Estado, Rodalies Catalunya, participada de forma "mayoritaria" por la Generalitat, que tendrá la potestad de designar la presidencia y que se dotará de los "recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios por parte de Renfe". Eso quiere decir, según el Govern, que "Renfe dejará de operar" en Catalunya y que será una empresa catalana su sucesora. Sumen dos más dos: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que de manera tímida ya va metiendo la patita más allá de sus límites naturales: la línea R-aeroport y las de Lleida hacia Cervera o Manresa.

Teniendo la presidencia del ente, la Generalitat tendrá voto de calidad, sin embargo, para aprobar carpetas consideradas estratégicas hará falta una "mayoría cualificada", una salvaguarda que se reserva el Estado para que las decisiones no queden exclusivamente en manos del ejecutivo catalán. No habrá, desde la fecha y hasta la creación de Rodalies Catalunya, la firma del contrato-programa que hasta ahora exigía el Gobierno. El mismo contrato-programa que tanto ha viciado las relaciones entre Renfe y la Generalitat en los últimos años, puesto que la figura jurídica que regulaba esta relación caducó y jamás se renovó. Consecuencia: el Estado mandaba directamente el dinero al operador saltándose al ejecutivo catalán.

Las líneas que pasarán a manos de la Generalitat

Es uno de los principales nudos que tendrán que deshacerse. Sobre el papel, pasarán a manos de la Generalitat, "como mínimo", la línea del Maresme, la R1; la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona de la R2 (la R2 Sud) y la línea Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdà, la R3. "No es una lista cerrada, es una referencia", sostienen desde la Generalitat, que señalan que la "complejidad" radica, como siempre ha defendido el Gobierno, en las líneas en las que conviven circulación de pasajeros con mercancías y conectando con otras autonomías y con Francia.

Pero esta asunción escalonada de competencias puede generar situaciones imprevisibles. ¿Quién gestionará los túneles ferroviarios de Barcelona, por los que pasarán líneas ya en manos catalanas y líneas bajo control estatal? Eso es algo, admiten desde la Generalitat, que todavía no se ha debatido. Pero si recuerdan la teoría del caos, con la mariposa y su aleteo, aquí pasa lo mismo con toda la malla ferroviaria con todo lo que genera un tren con problemas en una de estas dos galerías.

El Govern asegura que no renuncia "a nada", tampoco a los trenes de media distancia, pero que se creará una comisión Generalitat-Estado para analizar y planificar los tramos que serán exclusivamente de la titularidad de la Generalitat, así como las modificaciones normativas que sean convenientes. "Se analizará la red quilómetro a quilómetro para ver qué tramos deben traspasarse", insisten, y matizan que priorizan gestionar el servicio a viajeros mientras que no se han fijado como objetivo hacer lo propio con el de mercancías. La alta velocidad, por cierto, queda fuera del acuerdo.

Los recursos para mejorar la infraestructura

Es la madre del cordero. La Generalitat cifra en más de 3.600 millones de euros los recursos presupuestados y no invertidos en Rodalies desde el año 2010. Hay muchas lagunas en materia de concreciones económicas en el pacto. De partida, se fija que en el año 2024 se transferirán 335 millones del déficit tarifario que no ha asumido Renfe este año y que ha asumido la Generalitat. Cada primer trimestre de año se deberá calcular esta cantidad. También 132 millones de la deuda con Renfe por los servicios prestados en el marco del plan de acción fuera de los servicios acordados en el traspaso.

A partir de aquí, lo acordado es que se pacten los recursos necesarios para gestionar el servicio antes de introducirlos en la financiación autonómica y que, si no se ejecutan, pasen directamente a la Generalitat como una suerte de disposición adicional tercera. También que el Estado asuma el sobrecoste del transporte para reforzar líneas en obras, tanto ordinarias como fruto de incidencias, el incremento de los cánones ferroviarios de Adif de mediados de 2017 y de los costes extraordinarios de la prestación del servicio. El Govern espera, del mismo modo, que los 101 trenes encargados por Renfe para Rodalies (unos 900 millones de euros) y que se espera que empiecen a circular en 2025 formen parte del paquete básico del traspaso.

Los trabajadores de Renfe, en pie de guerra

Renfe tiene unos 1.400 trabajadores en Catalunya, entre maquinistas, informadores y operarios de mantenimiento. El Govern se compromete a establecer un convenio de colaboración para facilitar la movilidad de esos empleados a Rodalies Catalunya y mantener sus derechos laborales. Hay división entre los sindicatos sobre el traspaso. CCOO y UGT han celebrado el acuerdo siempre que sea para un mejor servicio y respetando las condiciones laborales de los trabajadores, pero el sindicato de maquinistas Semaf se opone a la transferencia del servicio a la Generalitat y amenaza con protestas si no se atiende el acuerdo alcanzado con el Gobierno el año pasado en el que este se comprometía a consultar todo cambio en la empresa pública previamente con los trabajadores.

También está por ver qué pasa con el personal de Adif, puesto que sus tareas en las vías y catenarias pasarán a manos de Ifercat, la empresa pública de la Generalitat que se encarga de la infraestructura de la línea 9 de metro.

¿Y el plan de Rodalies 2020-2030?

A finales de 2020 se presentó en los cimientos de la estación de Sagrera el plan de Rodalies 2020-2030, que destina más de 6.300 millones al sistema ferroviario catalán. A día de hoy ya se han ejecutado más de mil millones en obras y están en marcha otros mil (adjudicaciones, ejecuciones, concursos públicos...). El Govern se queja de que esta hoja de ruta se hizo sin tenerles en cuenta, y entiende que en las nuevas comisiones bilaterales será necesario pactar de nuevo los proyectos que están pendientes.

La Generalitat no rechaza ninguna obra concreta, pero sí echa de menos, por citar un ejemplo, la línea orbital que va de Vilanova a Mataró pasando por el Vallès y evitando Barcelona. Para el Govern, señala un portavoz, este es un proyecto que debería recuperarse. Así las cosas, no parece que peligren los trabajos del primer quinquenio, pero sí es posible que se modifique el calendario previsto entre 2025 y 2030.

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