El TC, el Senado y los otros escollos con los que se encontrará una ley de amnistía

A la espera de conocer los términos exactos con los que se plasma en una ley la amnistía que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts y ERC, el borrón y cuenta nueva a todo lo ocurrido en la búsqueda unilateral de la independencia de Catalunya se enfrenta a varios escollos que tendrá que sortear durante su tramitación parlamentaria y nada más ser promulgada, lo que puede retrasar su aplicación a los condenados, como el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, y a los que se marcharon de España después de la declaración unilateral de independencia fallida, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza.

Estos son los principales obstáculos tras su previsible aprobación:

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La tramitación parlamentaria

Si Sánchez logra un acuerdo con ERC y Junts para ser reelegido presidente del Gobierno será con una ley de amnistía de por medio. Sin embargo, el simple entendimiento entre ellos no es suficiente. Los grupos deberán presentar la norma en el Congreso de los Diputados y tramitarla como cualquier otra iniciativa. En la Cámara baja, con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG no habrá problemas para su aprobación. En menos de un mes puede estar lista. El problema llegará en el Senado.

Tras las elecciones generales del 23-J, el PP tiene la mayoría absoluta en la Cámara alta, un poder que empleará para retrasar la aprobación definitiva de la norma. El reglamento del Senado exige tramitar las leyes procedentes del Congreso en un plazo máximo de dos meses, periodo que podrán explotar los conservadores, y tras el cual rechazarán la ley. Llegados a ese punto, el texto deberá regresar al Congreso, donde, una vez más, el PSOE y sus socios deberán votar a favor para levantar el veto del Senado. Solo entonces la norma estará vigente, se podrá aplicar y también recurrir judicialmente.

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El Tribunal Constitucional

La ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que los jueces y tribunales que deban pronunciarse sobre el "fallo" de un proceso, es decir, ponerle fin con sentencia o sobreseimiento (archivo), puedan consultarle la constitucionalidad de una ley que deben aplicar. En los sumarios, como es el caso del 'procés' en el Tribunal Supremo, esa decisión corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no al juez instructor, que solo concluye el sumario y lo eleva. En cambio, en los procedimientos abreviados, como son muchas de las causas que se instruyen en Catalunya por cortes de carretera o lesiones o desórdenes públicos, el instructor es quien sobresee o abre juicio oral. De tal forma, que en los primeros será la Sala de lo Penal o la Audiencia Provincial quien eleve en su caso una cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía, y en los segundos, el juez instructor.

El artículo 35 de la ley reguladora del TC en su último punto dice textualmente: "El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión".

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La cuestión prejudicial ante el TJUE

Ocurre lo mismo con las cuestiones prejudiciales elevadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si algún juez o tribunal que tiene en sus manos procedimientos sobre los que tendría que aplicar la ley de amnistía considera que la norma es contraria al derecho a la Unión, puede plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea. En ese caso el argumento se centraría en que la legislación europea sobre corrupción es muy estricta, lo que resultaría incompatible con amnistiar unos hechos que abarcan uno de los delitos que la componen, como es el caso de la malversación de caudales públicos, por el que fueron condenados y siguen cumpliendo inhabilitación los líderes independentistas. También es el delito principal por el que están procesados el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el 'exconseller' y también eurodiputado Toni Comín.

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