Impulsada por el Govern
La ley audiovisual catalana supera el primer trámite en el Parlament
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Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
La ley audiovisual de Catalunya ha superado el primer trámite en el Parlament. La norma busca blindar la presencia de la lengua catalana (y del aranés) en este ámbito, así como penalizar los contenidos que fomenten el odio y la violencia machista. Con esta norma, el Govern pretende taponar las brechas de la ley estatal, que fue primero negociada con ERC en un largo toma y daca para incorporar un porcentaje de contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales a cambio de su apoyo a los presupuestos, y finalmente aprobada por el Congreso en mayo de 2022 con polémica incluida, porque fue la primera vez que Unidas Podemos se desmarcó del PSOE en una votación.
El proyecto de ley catalán tiene que sustituir a la norma que actualmente está en vigor y que fue aprobada en el año 2005. Esta iniciativa estuvo marcado por la pugna entre ERC y Junts ante la ley estatal, que los posconvergentes consideraban insuficiente y que motivó que se impulsara la que este miércoles ha aterrizado en la Cámara catalana. La 'consellera' de la Presidència, Laura Vilagrà, encargada de defender la ley, ha recordado que el sector audiovisual representa el 2,9% del PIB catalán y 32.000 trabajadores. "Seremos leales con la lengua, con el país y con el impulso del audiovisual", ha sostenido, además de hacer hincapié en la importancia de establecer cuotas para proteger el catalán y combatir las 'fake news'.
PSC, ERC, Junts, los Comuns y la CUP han avalado el primer paso de la ley, rechazando la enmienda a la totalidad de Vox, mientras que Ciutadans y PP se han abstenido. Los naranjas han criticado la norma, pero han defendido su abstención por no secundar el "volver a las cavernas y cerrar TV-3" de Vox; mientras que los populares han expresado "dudas" sobre una invasión de competencias, pero han emplazado a debatirlo durante el trámite parlamentario. En cambio, David Pérez, del PSC, ha defendido su voto contrario a la enmienda porque considera que la extrema derecha va "contra la información veraz" y que tiene "todo el sentido del mundo" que Catalunya tenga su propia ley.
Más crítico con el Govern ha sido el diputado de Junts, Francesc Ten, que ha reprochado que la normativa catalana no se aprobara antes que la estatal -algo que en su momento ya provocó tensiones entre ERC y Junts, entonces socios en el ejecutivo- y ha asegurado que "no hay proyecto nacional sin un buen proyecto audiovisual". La CUP y los Comuns se han quejado de varios aspectos del redactado, pero se han emplazado a "mejorarlos" también durante el trámite parlamentario.
Multas de hasta un millón de euros
El objetivo de la norma, según recoge el preámbulo, es adaptarla a la transformación que se ha producido en el sector en los últimos años, marcados por la proliferación de las plataformas de contenidos audiovisuales. El texto hace referencia a la "convergencia creciente entre la radio y la televisión tradicionales y los servicios distribuidos a través de internet", así como a sus riesgos de "difusión de información falsa o manipulada" y "no contrastada o de poca calidad".
De hecho, la ley tipifica como "muy graves" y fija sanciones de hasta un millón de euros la difusión de contenidos que "incitan a la violencia o el odio" o que "fomenten, justifiquen o banalicen" la violencia machista. También obliga a los prestadores de servicios audiovisuales a informar sobre las imágenes relacionadas con la estética que han sido manipuladas o retocadas. La norma incluye en el capítulo de máxima gravedad incumplir medidas que impacten de forma negativa en el desarrollo "físico, mental o moral de niños y adolescentes".
Ante el objetivo de protección del catalán, establece que el 51% de las obras que la directiva europea obliga a ofrecer a televisiones y radios tradicionales sean en catalán o en aranés. También que los proveedores a demanda, es decir, las plataformas, ofrezcan en catalán o aranés la mitad del 30% de las obras europeas que la directiva establece que están obligadas a ofrecer.
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