Negociaciones tras el 23-J
¿Quién hay y quién no hay entre los 1.432 posibles amnistiados que calcula Òmnium?
Xavier Antich (Òmnium): "Amnistía no puede suponer impunidad; la violencia debe quedar fuera"
Òmnium acota a 1.432 los posibles beneficiados por una amnistía y no incluye a Laura Borràs
![Diada 2023: Acto político de Òmnium Cultural](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6cb4399d-9afb-47b5-88e9-bb8fd76598a2_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Diada 2023: Acto político de Òmnium Cultural / ELISENDA PONS
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
No todos los represaliados son amnistiables. Lo dejó claro el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en el discurso que entonó en el acto de la entidad con motivo de la Diada. Y puso cifras: contabilizó que hay "más de 4.400 represaliados" por el 'procés', y de estos, 1.432 han sido "condenados, juzgados o investigados".
Por lo tanto, solo estos podrían beneficiarse de una ley de amnistía, en caso de que las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez entre ERC y Junts fructifiquen. El resto, apostilla Òmnium, serían "víctimas" del conflicto, pero no acusados de cometer delitos, por lo que no se les podría amnistiar.
La entidad también deja fuera los policías que actuaron el 1-O y a los manifestantes que tienen, o han tenido, causas judiciales abiertas por "delitos comunes con violencia", tal y como explicó Antich en una entrevista a EL PERIÓDICO.
Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras?
![Los 4.400 represaliados](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d1f3042c-e103-4654-929c-3558219e9b57_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Los 4.400 represaliados
Bajo el término 'represaliados', Òmnium incluye cuatro grandes grupos: las víctimas de la violencia policial, las víctimas del espionaje -básicamente el caso Pegasus-, las personas que tienen procesos penales abiertos derivados del 'procés' y aquellos que los tienen por causas administrativas o contables. En la amnistía solo se contemplan los dos últimos grupos, aquellas personas que tienen causas abiertas, sean con consecuencias penales o económicas, y siempre relacionadas directamente con el proceso independentista. El resto, serían "víctimas", aunque avisan de que deberían tener una "reparación justa" y "garantías de no repetición".
En este grupo de los no amnistiables estarían todos los lesionados por cargas policiales durante la jornada del 1 de octubre de 2017 o las manifestaciones posteriores y también los más de 60 políticos, activistas o abogados independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles mediante el uso de Pegasus según un informe de CitizenLab. Dentro de este colectivo están, a modo de ejemplo, Albert Batet (Junts), Ernest Maragall (ERC) o Carles Riera (Junts), que vieron corrompidos sus terminales.
![Los 1.432 amnistiables](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/56613465-b715-4bae-9c1d-24a58d728753_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Los 1.432 amnistiables
Dentro del grupo de posibles beneficiarios de una ley de amnistía, habría 113 personas que ya han sido condenadas judicialmente. Aquí contarían los líderes independentistas que ya estuvieron en la cárcel, desde Oriol Junqueras (ERC) a Jordi Turull (Junts), pasando por los expresidentes de las entidades Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A pesar de haber sido indultados, sus antecedentes siguen vigentes y, en algunos casos como el de Junqueras y Turull, las inhabilitaciones se mantienen y no pueden ejercer un cargo público. Aquí se incluyen condenas como la de la anterior Mesa del Parlament.
También hay 17 independentistas que ya han sido juzgados y que están a la espera de la sentencia. En este grupo, Òmnium evita poner nombres concretos a sus cifras. Además, hay otras 387 causas penales abiertas, entre ellas la del diputado de ERC Josep María Jové o la de la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, que están a la espera de juicio; así como también se incluiría en este grupo el caso de los políticos, como Carles Puigdemont, que siguen fuera del Estado.
Finalmente, también hay 880 personas sancionadas administrativamente y 35 personas pendientes del Tribunal de Cuentas. Estos casos, se cuentan desde 2014, por incluir también la consulta del 9-N. Todos ellos, suman un total de 1.432 personas, que estas sí, serían las amnistiables, según Òmnium.
![El caso de Laura Borràs](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5b5c14a4-44ea-4e11-8d9f-1f29a6402c7c_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
El caso de Laura Borràs
El caso de la presidenta de Junts, Laura Borràs, es "delicado" para el independentismo. La portavoz de su partido en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó que debería incluirse su nombre en la amnistía, porque la consideran "víctima de la 'lawfare'". No lo ven así, sin embargo, ni ERC, ni la CUP, ni tampoco Ómnium Cultural; ya que Borràs fue condenada por amañar contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por los delitos de prevaricación y falsedad documental en un caso completamente ajeno al referéndum del 1 de octubre.
Sin embargo, la entidad independentista sí la considera una represaliada y la incluye dentro del grupo de los 4.400. Pero no por el caso de la ILC, sino por haber sido espiada con Pegasus. Así que no sería amnistiable.
![Los no amnistiables](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3e4b0c75-95f2-45a1-b4d6-bcd39af7417d_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Los no amnistiables
Finalmente, Òmnium deja fuera a los policías que tienen procesos judiciales abiertos por las cargas del 1 de octubre. Lo argumentan con la normativa internacional de la ONU y del TEDH, que considera que "las amnistías nunca pueden suponer impunidad a los actos de Estado que han conllevado violaciones de derechos humanos", y que aseguran que abarca "desde el genocidio a la violencia policial".
La entidad también excluye de la cobertura de la ley a los manifestantes acusados o condenados por delitos comunes en los que haya "certificación de la violencia". Serían aquellos casos en los que, por ejemplo, se provocaron lesiones a los agentes de la autoridad.
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