El PNV insiste en reformar la ley de Secretos, el CNI y la inviolabilidad del rey en sus primeras iniciativas

El primer partido en anunciar el registro de proposiciones de ley en el Congreso en esta nueva legislatura ha sido el PNV y lo ha hecho tirando de clásico. Al igual que hizo en diciembre de 2019, la formación abertzale ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Secretos Oficiales, una tarea que quedó pendiente en estos últimos cuatro años. Pero no han parado ahí. El PNV ha registrado en total cinco proposiciones de ley, entre ellas una relativa a la regulación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otra para limitar la inviolabilidad del Rey en sus actos institucionales.

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Un día después de que se conformaran los grupos parlamentarios en el Congreso, el PNV ha decidido empezar a dotar de contenido a los primeros debates de la XV legislatura. Este martes han registrado cuatro iniciativas que ya fueron protagonistas en los años pasados. Sobre todo, la proposición de ley para reformar la ley de Secretos Oficiales, un texto que impulsó la formación jeltzale y se quedó olvidado en un cajón ante el anuncio del Gobierno de modificar la norma por completo, algo que no llegó a ocurrir.

A través de un comunicado, el PNV ha explicado que su intención es "establecer unos plazos para desclasificar documentos y homologar la legislación en esta materia a los países del entorno". En concreto, proponen un plazo máximo de 25 años para la información clasificada como secreta y de 10 años para la considerada como reservada. Tan solo el Consejo de Ministros podría extender esta duración, de manera "excepcional y motivada".

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Ampliar el control

Por otro lado, plantean actualizar las leyes que regulan el CNI con el objetivo de "mejorar el control político y judicial de sus actuaciones". Este iniciativa ya la pusieron sobre la mesa en mayo de 2022, cuando estalló el espionaje a dirigentes independentistas con el software 'Pegasus'. En ese momento, también contaron con el compromiso de Pedro Sánchez de implementar los cambios planteados, algo que no se cumplió después. En este sentido, reclaman que el director del CNI sea elegido directamente por el presidente, para que haya "una responsabilidad política y directa del máximo responsable gubernamental", mejorar el control por parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y ampliar el control de las actividades del CNI por parte de los jueces.

También recuperan una propuesta para "limitar la inviolabilidad del Rey", lo que se haría a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el monarca no esté "por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes". La modificación que plantean pasa por atribuir a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo las competencias sobre "las acciones civiles o penales dirigidas contra el Rey durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo".

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La Justicia

En otro orden de asuntos, el PNV pone también el foco en la Justicia. Así, recuerdan que en 2016 ya impulsaron "una propuesta legislativa para derogar las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional acometidas en 2015 por la mayoría absoluta del PP" y que ahora han vuelto a registrar para "eliminar los artículos que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias y, por otro, derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía".

Por último, pretenden realizar una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "cambiar la regulación de la jurisdicción universal para evitar impunidades ante graves crímenes internacionales". Según detallan, los crímenes contra la humanidad "al margen del lugar de comisión y de la nacionalidad de su autor y víctima, han quedado 'desvirtuados'" en la legislación española.