Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por no renovar el CGPJ

A dos días del inicio de la campaña electoral de las elecciones legislativas del 23J, la Comisión Europea vuelve a tirar de las orejas a España y lo hace con contundencia. A pesar de la urgencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse y no se han dado pasos para modificar el procedimiento de nombramiento de sus jueces lo que plantea "serias preocupaciones” y repercute negativamente “en los nombramientos del Tribunal Supremo", que tiene más del 30% de los puestos vacantes, y "en el sistema judicial en su conjunto”. Bruselas urge al gobierno que salga de las urnas el 23J a actuar y dar prioridad a esta renovación.

El informe anual sobre el estado de derecho en España, el cuarto que presenta desde que Bruselas lanzara este ejercicio y publicado este miércoles, vuelve a lanzar la voz de alarma sobre un bloqueo del PP que dura ya casi cinco años. "En España, en 2022, recomendamos que se renovara el CGPJ como prioridad y que tras la renovación se iniciara la reforma para adaptar la desginación de sus miembros, en línea con los estándares europeos para que al menos la mitad de los miembros sean jueces elegidos por sus pares. Desgraciadamente, no hemos visto que se avanzara en esa recomendación", ha lamentado el comisario de justicia, Didier Reynders.

El liberal belga, que ha comparecido con la vicepresidenta Vera Jourova, ha urgido al nuevo ejecutivo que salga de las urnas el próximo 23J y a los partidos políticos españoles -con quienes ha estado en directo contacto ejerciendo de una especie de mediador aunque sin éxito- a dar prioridad a esta renovación y actuar. Y lo mismo ha hecho la vicepresidenta Jourova. "Tenemos las mismas expectativas independientemente de quien esté en el Gobierno y de qué partido gane las elecciones. (...) Estuve ayer en Madrid -en la visita del colegio de comisarios- y se notaba la atmósfera preelectoral, así que habrá que esperar a que los ganadores actúen. Nosotros seguiremos repitiendo que es una prioridad e indispensable para corregir una serie de problemas pendientes", ha dicho.

Deterioro judicial

Y es que, "la falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de asuntos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración”, señala el informe que menciona que solo la Sala tercera y Cuarta, las que concentran el mayor número de vacantes, están emitiendo 1.230 decisiones menos cada año lo que deriva en menos pronunciamientos del Supremo.

"Esta situación ha sido calificada por el Tribunal Supremo como insostenible", se hace eco el dictamen que recuerda también que hay siete puestos vacantes de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (de un total de 17), 20 puestos vacantes de presidentes de Audiencias Provinciales y un puesto vacante en la Audiencia Nacional. Así que, "proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura”, reclama la Comisión en sus recomendaciones de 2023.

La Comisión Europea reitera sus "serias preocupaciones" y avisa de que la falta de renovación repercute en el trabajo del Tribunal Supremo.

Mandato del Fiscal general

Bruselas tampoco ve “ningún avance” en cuanto al refuerzo del estatuto del Fiscal General en aplicación de las normas europeas sobre independencia y autonomía ni constata progresos “en la resolución de los problemas relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”. En este terreno, Bruselas vuelve a urgir a España a reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado, “en particular en lo relativo a la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y el del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la fiscalía”.

Además, también pide a las autoridades españolas que redoblen “los esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos” con el objetivo de “aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, y concretamente finalizando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Bruselas constata que España tiene pendiente "una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos" y un proyecto de ley sobre los grupos de presión" pero se limita a subrayar que la reforma del Código Penal que llevó a la revisión del delito de malversación -y a la rebaja de las penas en algunos casos- ha generado críticas. Según ha explicado Reynders, Bruselas continúa evaluando "la cuestión para ver si implica consecuencias negativas", por ejemplo a cuestiones como el blanqueo de dinero, pero no hace ninguna recomendación al respecto. 

Eficacia de la justicia

En líneas generales, el dictamen celebra que la eficacia de la justicia española ha mejorado en general y que se están preparando leyes para mejorarla aún más. Ha mejorado por ejemplo la eficacia del Consejo de Transparencia y el Buen Gobierno aunque no se aplican suficientemente las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos del Ejecutivo ni se ha modificado la ley que regula la financiación de los partidos políticos pese a la petición del Tribunal de Cuentas.

Los únicos avances, respecto a las recomendaciones realizadas el año pasado, se refieren no obstante al refuerzo en el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, a la presentación de legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión, sobre la que Bruselas constata “avances significativos”, y la asginación de recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales refuerce sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación. Un ámbito en el que según la Comisión, España ha aplicado plenamente la recomendación.

En este terreno Bruselas pide a España que culmine las reformas adoptando la legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión, reforzando las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, reforzando el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses, y mejorando también el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales. Según la valoración del Gobierno de Pedro Sánchez, el análisis de Bruselas atribuye el bloqueo al PP y destaca la "solidez de la democracia española".