Nuevas declaraciones
La jueza da un nuevo impulso a la investigación por la organización del 1-O
La Audiencia de Barcelona envía a Romeva a la macrocausa por los preparativos del 1-O
Confirmado el procesamiento de 29 altos cargos y empresarios por la organización del 1-O
![El exsecretario general de Exteriors, Aleix Villatoro, y el 'exconseller' de Exteriors, Raül Romeva, en febrero del 2016 en la comisión del área en el Parlament.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/73b9b957-0de7-43df-8cac-eaaa67f63e41_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El exsecretario general de Exteriors, Aleix Villatoro, y el 'exconseller' de Exteriors, Raül Romeva, en febrero del 2016 en la comisión del área en el Parlament.
![J. G. Albalat](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/file/2024/0418/10/albalat.png)
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Hace unos meses, la investigación judicial por la organización de la consulta del referéndum unilateral del 1-0 estaba finalizada con casi 29 procesados. Solo faltaba entregar el escrito de acusación del fiscal, que había llegado, incluso, hasta la Fiscalía General del Estado para su revisión. Pero el pasado mes de mayo la Audiencia de Barcelona acordó unificar la causa que se instruía en otro juzgado sobre el proceso de internacionalización del 'procés' o Diplocat (abierta en el 2021, contra excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Puigdemont), lo que provocó que la investigación se relentizara. Este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha impulsado este martes las pesquisas, en la que figuran excargos del Gobierno de Carles Puigdemont e informáticos, con la declaración de Aleix Villatoro, exsecretario de Acció Exterior y actual director del Consejo Catalán del Deporte (CCD), que ha defendido la legalidad de sus acciones.
Villatoro y el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, son los dos excargos que habían pedido la unificación de las dos causas penales porque estaban en los dos procedimientos y aseguabanr que los hechis eran conexos y juzgarlos por separado los perjudica. Cuando fueron citados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que se encargaba de la causa por presunta malversación por la internacionalización del 'procés, se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se disipara la competencia. Con la unificación en el Juzgado de Instrucción 13, las pesquisas se han reanudado, aunque la jueza tendrá que enviar de nuevo el caso a la Audiencia de Barcelona y la fiscalía deberá volverán a redactar su escrito de acusación.
La subvención bajo sospecha
Villatoro es investigado por haber aprobado un único gasto junto con el 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva, en concreto una subvención sin concurrencia pública de 40.000 euros en la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) en el 2016. Romeva, que ahora es investigado en el juzgado del 1-O, ya declaró a la jueza de Instrucción 18 (antes de la unificación) que la subvención concedida era correcta porque todos los informes técnicos lo avalaban, incluidos dos dictamenes que aceptaban la no concurrencia, es decir, que no se había que hacer un concurso abierto porque las actividades subvencionadas solo las podía llevar a cabo la FOCIR, que no tiene ninguna entidad equivalente en Catalunya.
El exsecretario de Acció Exterior ha rechazado en su declaración ante la jueza que hubiera cometido ninguna irregularidad y que el mismo Tribunal de Cuentas (base de la querella presentrada por la fiscalía por la internacionalización del 'procés') no había detectado la comisión de delito alguno en la concesión de la subvención a Focir. Tras su comparecencia en el juzgado, Villatoro sostuvo que "no tiene sentido esa persecución de unos hechos que son impecables desde el punto de vista administrativo y de legitimación democrática y política del Gobierno que los impulsó". A su entender, "es una causa política contra el independentismo" que "no tiene ningún fundamento de derecho".
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