La Generalitat exige al Gobierno los 914 millones para infraestructuras antes de pactar la B-40

La 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, ha exigido este martes al Gobierno que cumpla con la transferencia de 914 millones de euros para infraestructuras para que la Generalitat firme la última propuesta de convenio sobre la Ronda del Vallès -un tramo de la B-40- remitida por el Ministerio de Transportes.

A pesar de que a mediados de abril el pacto estaba encarrilado, algo que admitían ambas partes, han tenido que pasar dos meses más, unas elecciones municipales y el anuncio de unas generales para que el acuerdo de la B-40 vuelva a ponerse sobre la mesa. La defenestración del conseller de Territori más beligerante con la obra, sustituido el lunes por el 'president' Pere Aragonès, habría sido una simple coincidencia. Sin Juli Fernàndez, la firma podría ser inminente, apuntan fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero simplemente porque las posiciones ya estaban fijadas.

Solo el hecho de que el Govern quisiera incorporar la prolongación del cuarto cinturón, cifrado en 200 millones de euros, en la lista global de las encomiendas de gestión podría alargar el plazo. Y siempre y cuando desde la Generalitat se quiera asumir el riesgo de que no se firme nada de nada y, al final, haya otro inquilino en la Moncloa que trunque el trabajo hecho.

A la B-40 se suman las encomiendas de gestión de los intercambiadores ferroviarios del Vallès (20 millones), la adecuación de la N-2 en el Maresme (386 millones, en forma de subvención), la N-260 (otros 260 millones) y los enlaces de la AP-7 y AP-2 (250 millones). Estas cuatro encomiendas de gestión, pactadas por ERC en noviembre a cambio de su sí a los presupuestos de Pedro Sánchez, habrían tenido un recorrido distinto, tal vez más lento, que lo que exige el convenio de la Ronda Vallès, que caducaba el 31 de marzo.

Las mismas fuentes de Transportes aseguran que el convenio del cuarto cinturón está a punto para ser firmado por ambas partes, con las características de una vía de seis kilómetros como la que hay actualmente, con 200 millones sobre la mesa que no salen de la disposición adicional tercera y que paga el Estado y un acuerdo para que lo ejecute la Generalitat. Solo habrá de verse si de nuevo las urnas retrasan la plasmación de la firma.

Los presupuestos de 2024 y Ripoll

Por otro lado, Vilagrà, tras la reunión semanal del Consell Executiu, ha asegurado que Junts será el primer partido con el que se establecerá contacto para pactar los presupuestos de 2024 y ha recordado la propuesta del 'president' de un "frente democrático", en relación a la situación política en el País Valencià y las Baleares. "Trabajaremos intensamente con este partido", ha subrayado.

Ahora bien, ha acusado a Junts, en relación al acceso de la ultraderecha a la alcaldía de Ripoll, de "no estar a la altura ni desde la dirección nacional ni en el ámbito local, con una negociación errática, planteamientos tibios". "No se puede ir con vetos cuando estamos hablando de la extrema derecha, espero que todos aprendamos de la situación", ha espetado, y ha subrayado que se tiene que ser "siempre implacable contra la extrema derecha, aunque se envuelva en la estelada".

La ley audiovisual

Por otro lado, el Govern ha aprobado el proyecto de ley del sector audiovisual, un texto que en relación a la producción propia europea, un mínimo del 51% sea producida en catalán o aranés. La ley tiene 122 artículos, fruto de un proceso participativo y con informes de diversos organismos. El proyecto confluirá con una proposición de ley en el Parlament, y Vilagrà ha afirmado que el objetivo es conseguir "la mejor ley del audiovisual posible". Sobre las posibles sanciones, Vilagrà ha admitido que el texto no lo prevé y deberá ser el Parlament el que lo decida.