Investigación judicial
El juez cita a una modelo y empresaria venezolana por el fraude a Hacienda del amigo mexicano de Juan Carlos I
Un juzgado investiga al amigo mexicano y al médico del rey Juan Carlos en Barcelona
La mujer declarará como testigo por la trasferencia de unas participaciones de la clínica privada de uno de los médicos del rey emérito
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El juez de Barcelona que investiga por presunto fraude a Hacienda de 600.000 euros al amigo de Juan Carlos I y magnate mexicano, Allen Sanginés-Krauser, y a uno de los médicos del rey emérito, el facultativo barcelonés Manuel Sánchez Sánchez, ha citado a declarar como testigo para el próximo 29 de mayo a la modelo y empresaria Ana María Duque Moncada, que ahora tiene domicilio en Madrid. Las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que esta mujer intervino en la operación de una ampliación de capital de la clínica privada de este médico que está siendo investigada, cuyas pesquisas se iniciaron a raíz de una querella presentada por la fiscalía de Barcelona.
El juzgado abrió hace meses una investigación a Sangiés-Krauser, al médico Manuel Sánchez Sánchez y a su esposa por supuestamente simular la ampliación de capital de la sociedad que gestiona la Clínica DeSánchez, situada en la zona alta de la capital catalana. El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de la ciudad ha prorrogado ahora la investigación por otros seis meses, al estar pendiente del resultado de la comisión rogatoria (petición de cooperación) al Reino Unido para proceder al interrogatorio del amigo mexicano del rey emérito, al no haberle encontrado en la residencia que tiene en España.
La entrada del magnate en la clínica
Sánchez empezó a tener relación con Juan Carlos I cuando trabajaba en la Clínica Planas de Barcelona y la relación continuó cuando abrió la suya propia y, a través de sus tratamientos, el emérito lucha contra el envejecimiento. La sociedad que gestiona la clínica fue constituida en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito, en principio, por A. A. M., la esposa del facultativo. En enero de 2016, la mujer vendió la totalidad de sus participaciones a su marido, quien pasó a ser socio único de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora. En esa misma fecha, la compañía recibió 245.000 euros de una mercantil radicada en Madrid creada por el mexicano Sanginés-Krause.
Según la fiscalía, las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF de 2016 a 2018 presentadas por el médico "fueron solo una mínima parte de las que realmente percibió", pues, a su entender, "ocultó" en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios.
La "estrategia", apunta, consistió en "camuflar" esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. En opinión de la fiscalía, estas operaciones "no fueron tales, sino que se simularon".
Meses después de la última ampliación de capital, según el ministerio público, las participaciones fueron transmitidas a la empresaria venezolana, Ana María Duque Moncada, establecida en España desde 2018, por el mismo valor que se adquirieron: 1,3 millones de euros. Y la fiscalía ha constatado que existe una relación entre esta empresaria y el magnate Sanginés-Krauser.
Las ampliaciones de capital son simuladas por la "falta de justificación de las primas de emisión y su absoluta desproporcionalidad", la "ausencia de motivación económica de la inversión", la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de "control" del socio capitalista [el magnate] sobre los recursos aportados (99,77%) y la "disposición" de fondos por parte del médico con "total discrecionalidad", concluye la fiscalía.
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