Decisión judicial

La fiscalía y una jueza cuestionan el aval del TC a la web de la Generalitat para delatar manifestantes por la huelga de 2012

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La manifestación de la CGT.

La manifestación de la CGT.

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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Un voto particular de la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Balaguer y un informe de la fiscalía pone contra las cuerdas la legalidad de la página de internet que impulsó la Conselleria de Interior durante la etapa de Felip Puig (CiU) y que fue creada para que los ciudadanos aportaran datos para identificar a manifestantes a los que el Departament señalaba como supuestos autores de desórdenes durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Una de las personas que fueron imputadas a raíz de la publicación en esa web de su fotografía, Roger Sabà Riera, militante de la CUP de Figueres, interpuso una demanda contra Interior de la mano del colectivo Alerta Solidaria. Tras ser rechazada por varios estamentos judiciales, la demanda llegó al TC, que ahora se ha pronunciado, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La mayoría de los magistrados del alto tribunal han decidido no admitir el recurso de amparo firmado por el abogado Benet Salellas por una cuestión meramente formal y, de esta manera, han esquivado pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el voto particular de Balaguer defiende que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen y el de la protección de datos, y abre la puerta para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y no solo en base a esa resolución discrepante, sino también con el dictamen de la fiscalía que se inclinó para que se otorgara el amparo a Sabà por la "vulneración del derecho a la imagen en relación a la presunción de inocencia".

Balaguer defiende que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen y el de la protección de datos

La sentencia que acuerda la inadmisión está firmada por ocho de los 11 magistrados que componen el pleno del TC, con su presidente, Candido Conde-Pumpido, a la cabeza. Los otros tres magistrados se pronunciaron en contra esa decisión. Dos de ellos, el de María Luisa Segoviano y Ramón Sáez Valcárcel, cuestionan la tesis por la que se rechaza la demanda (una cuestión de plazos) y consideran que debería haberse entrado en el análisis de fondo y la posible vulneración o no de derechos fundamentales.

Fotografías y vídeos

El otro voto particular discrepante, el de la magistrada Balaguer, sí que valora el meollo del caso y se pronuncia a favor del amparo, a la vez que se lamenta que la inadmisión del recurso no permita al TC "dictar doctrina" acerca de los derechos fundamentales que presuntamente se transgredieron por la creación de esa página de internet, lo que hubiera permitido "una interpretación más favorable" a la tutela de los preceptos constitucionales. La web estuvo funcionamiento durante un mes en 2012. Fue activada con 231 fotografías y tres vídeos en los que aparecían 68 personas, de los que 23 fueron identificados. La mayoría, al final, fueron absueltos.

La magistrada sostiene que la decisión adoptada por los Mossos d’Esquadra de publicar la imagen del demandante en la web de delaciones "no contaba con la necesaria habilitación legal” y tampoco concurrían “ninguna de las situaciones de urgencia y necesidad” en las que, de forma excepcional, los agentes de policía puedan actuar sin mediar previa autorización judicial. En este caso, incide, “no se observa ningún óbice temporal ni material que impidiera a los Mossos solicitar la autorización judicial, teniendo en cuenta que existían diferentes actuaciones procesales incoadas” por los desórdenes de la huelga general.

La jueza critica que los órganos judiciales a los que acudió antes Sabà llevaron a cabo un examen de proporcionalidad de la publicación y difusión en la web de su fotografía “que no resulta respetuoso con las exigencias constitucionales”. En el voto particular añade también que las conductas supuestamente cometidas por el militante de la CUP durante la huelga general "no justificaban la gravedad de la intromisión en el derecho a la propia imagen y en la protección de datos". El próximo paso: Europa.