Proposición de ley
Las claves de la reforma del reglamento del Parlament que proponen ERC y CUP para frenar a Vox
Republicanos y anticapitalistas impulsan una propuesta para frenar el discurso de la extrema derecha y para regularizar el voto delegado de Lluís Puig
![Votación en el Pleno del Parlament](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/c6a36a1b-1511-4bae-88b3-1f1f84111f77_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Votación en el Pleno del Parlament / Ricard Cugat
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
El reglamento del Parlament vuelve a ser objeto de debate. Más allá de la propuesta del PSC para cesar a Laura Borràs como presidenta, hay otro texto plan encima de la mesa. ERC y la CUP registrarán en los próximos días una iniciativa para intentar frenar el discurso de la extrema derecha de Vox. El documento -al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO- propone prohibir el "discurso de odio", así como otras medidas para introducir el voto telemático y ampliar el voto delegado, y que podría regularizar también el voto del diputado de Junts Lluís Puig. ¿Qué dice el reglamento actual y cuál es la propuesta de republicanos y anticapitalistas? Estas son las claes:
![Prohibición de los discursos de odio](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d1f3042c-e103-4654-929c-3558219e9b57_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Prohibición de los discursos de odio
El actual reglamento contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación. La propuesta de ERC y CUP es mucho más explicita y propone prohibir y sancionar también los "discursos de odio o intolerantes". En este punto incluyen todo aquello que "incite a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad". Esta modificación no solo afectaría a los discursos, sino también a las mociones o propuestas de resolución.
![Veto a cargos en la Cámara](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/56613465-b715-4bae-9c1d-24a58d728753_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Veto a cargos en la Cámara
Republicanos y anticapitalistas también proponen añadir otro punto: que todos aquellos diputados que no hayan firmado la declaración de compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, como es el caso de Vox, no puedan ejercer cargos dentro de la Cámara o en sus órganos, ni formar parte de delegaciones oficiales de la institución. Actualmente, no hay ninguna comisión presidida por la extrema derecha de Vox, ni tienen ningún cargo en la Mesa, pero es debido a un acuerdo extraoficial del resto de partidos.
![Declaraciones institucionales sin unanimidad](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5b5c14a4-44ea-4e11-8d9f-1f29a6402c7c_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Declaraciones institucionales sin unanimidad
Otra de las consecuencias de la llegada de Vox a la Cámara catalana ha sido la imposibilidad de sacar adelante declaraciones institucionales del Parlament. La última es de diciembre de 2020. La extrema derecha se ha opuesto a todos los textos planteados hasta ahora, mayoritariamente sobre derechos humanos o contra la violencia machista. En el actual reglamento solo se le da esta denominación a los textos que consiguen la unanimidad. ERC y la CUP proponen cambiar este criterio por el de una "mayoría cualificada de dos tercios".
![Incorporación del voto telemático](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3e4b0c75-95f2-45a1-b4d6-bcd39af7417d_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Incorporación del voto telemático
El escrito propone incluir, como modalidad de votación, la vertiente telemática. Lo plantea ante situaciones de "especial gravedad" donde se considere "suficientemente justificado" y siempre con autorización de la Mesa, que deberá determinar si se cumplen o no estas circunstancias. También se sugiere permitir el voto telemático cuando los diputados estén en el extranjero cumpliendo con compromisos de "representación institucional".
![Ampliación de la delegación de voto](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/57c88e47-316e-4da6-9182-406a7c0eb61f_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Ampliación de la delegación de voto
Además, ERC y CUP apuestan por modificaciones en la delegación de voto. Ahora se puede hacer en los supuestos de "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada", pero los dos grupos buscan ampliarlo a las mismas "situaciones excepcionales de especial gravedad" que se plantea para el voto telemático, con previa autorización de la Mesa que deberá evaluar si está "suficientemente justificado". Esto podría regularizar la situación del voto del diputado de Junts, Lluís Puig.
![Cambios pendientes](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d83e968-1790-4283-b970-22127254a48e_16-9-aspect-ratio_50p_0.webp)
Cambios pendientes
En marzo de 2022 se constituyó la comisión para reformar el reglamento, con varias propuestas encima de la mesa. Entre ellas, las votaciones telemáticas -usadas durante la pandemia-, la introducción de la perspectiva de género en el texto o la polémica sobre el artículo 25.4 del reglamento, el que se usó para suspender a Laura Borràs cuando se le abrió juicio oral por corrupción. Junts, o más concretamente Borràs, presionó para eliminar este articulo, después de que los letrados avisaran que podía vulnerar la presunción de inocencia. Un año después, sin embargo, ningún texto ha salido adelante.
Además, la propuesta acordada por ERC y la CUP tampoco aborda otros temas pendientes como, por ejemplo, la regularización de las dietas de los diputados para que se incluyan dentro del salario, a pesar del acuerdo al que se llegó hace un año y medio. Se trata de indemnizaciones por desplazamientos, que no tributan en el IRPF, y que oscilan entre los 17.000 y los 24.000 euros anuales en función del lugar de residencia del diputado y que se cobran aunque no se hagan los viajes porque actúan como complemento salarial, eso es, como parte del salario.
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