La relación entre políticos y 'lobbies'
La mayoría de diputados del Parlament no publica su agenda pese a la ley de transparencia
La institución admite un incumplimiento generalizado de la normativa aunque el código de conducta lo considera una infracción grave
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El pleno del Parlament, reunido durante una sesión / FERRAN NADEU
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Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
La mayoría de diputados del Parlament de Catalunya de todos los grupos no hace pública su agenda pese a que la ley de transparencia les obliga a ello y pese a que el código de conducta al que están sujetos todos los parlamentarios lo considera una infracción grave merecedora de sanción. Así lo ha podido comprobar EL PERIÓDICO y así lo admite también la propia institución, que reconoce "dificultades" para fiscalizar un incumplimiento del que consideran que tendrían que hacerse cargo los grupos parlamentarios.
La normativa a la que están sujetos los dirigentes políticos es clara. El artículo 55.1 de la ley de transparencia aprobada en 2014 recoge que los altos cargos deben de publicitar su actividad oficial y actos, así como las reuniones que mantienen con los denominados "grupos de interés" (lobbies). En el caso del Parlament, es el reglamento la norma que rige la Cámara, y su artículo 222 establece que se debe publicitar los contactos que los grupos de interés tienen con los diputados, asesores y funcionarios.
Y el código de conducta de la institución remata en su artículo 9 que los parlamentarios deben publicar su agenda de reuniones, contactos y audiencias en el Portal de Transparencia con cualquier persona, entidad u organización "que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de iniciativas parlamentarias o el ejercicio del derecho a voto". Una agenda que tiene que estar actualizada y que debe publicitarse, como mínimo, con una periodicidad quincenal. Incumplir con este deber está incluido en el capítulo de infracciones graves, que pueden ser sancionadas con una amonestación pública y una multa de entre 600 y 12.000 euros.
Solo 29 anotaciones desde septiembre
Con una consulta al Portal de Transparencia se detecta fácilmente como toda esta normativa vigente no va más allá del papel. Desde septiembre, cuando empezó el curso político, solo constan 29 anotaciones, todas ellas de diputados del PSC y de ERC. En las 16 que corresponden a los socialistas se refieren a la agenda de cinco diputados. En las 13 de los republicanos son sobre la agenda de siete parlamentarios. Ningún otro grupo político ni más dirigentes de los dos mencionados ha publicitado ha registrado más agenda y en la Cámara hay 135 representantes.
Así pues, si se contrasta con las convocatorias de prensa de los últimos meses que han hecho los grupos, en el Portal de Transparencia no constan, por ejemplo, las reuniones que Junts mantuvo el 20 de octubre con el sindicato de Mossos SAP-FEPOL o el 28 de octubre con la Cambra de Comerç de Barcelona. Tampoco la que el 23 de febrero mantuvieron ERC, CUP y Comuns con la Plataforma 'Aturem el Hard-Rock', la que Ciutadans mantuvo el 3 de febrero con el Sindicato Unificado de Policía o la que celebraron los socialistas el 2 de febrero con UGT, CCOO, Pimec, Foment y la Taula del Tercer Sector. Y estos encuentros al menos fueron públicos porque se convocaron ruedas de prensa, pero del resto de reuniones que mantienen los diputados no queda constancia.
"La ley de transparencia catalana es la mejor, pero es demasiado ambiciosa para los mecanismos existentes para hacerla cumplir"
El "desconocimiento" general
"La ley de transparencia catalana es la mejor, pero es demasiado ambiciosa para los mecanismos existentes para hacerla cumplir en una administración pequeña como es el Parlament", aseguran fuentes de la institución, que atribuyen el incumplimiento de la mayoría de diputados a una cuestión de "desconocimiento" y a la falta de vigilancia de los grupos parlamentarios. A esto se suma un sistema informático de introducción de datos y de acceso a la información que reconocen que "no es ágil" y que requiere de hasta tres pasos para hacer una anotación de agenda.
Además, el listado de grupos de interés en el que deberían estar registradas las organizaciones que se reúnen con los dirigentes no está actualizado ni se ha promovido la obligatoriedad de apuntarse. En el del Parlament constan 398 entidades de todo tipo, mientras en el de la Generalitat hay 5.175. Que sea incompleto da pie a incongruencias, como el hecho de que consten unos sindicatos u organizaciones empresariales o plataformas, y otras no aunque sean del mismo ámbito.
¿Quién tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la transparencia en el Parlament? La Sindicatura de Greuges hace cada año una avaluación de la aplicación de la ley en la administración catalana, que se cumple en buena parte en la Generalitat y los organismos que depende de ella pero que flaquea en el casos de los entes municipales y supramunicipales. Pero en el caso del Parlament tiene un régimen de autonomía propio y es la mesa quien se hace cargo. Se trata de una carpeta que recae en estos momentos sobre la vicepresidenta segunda, la socialista Assumpta Escarp, que admite el incumplimiento generalizado y subraya que especialmente en esta legislatura es necesario advertir a los grupos que deben atender a la normativa de transparencia de las agendas.
Según Escarp, la interinidad en la que está el Parlament desde el pasado mes de julio por la suspensión de Laura Borràs como presidenta no ha favorecido la toma de "grandes decisiones". En los próximos meses, asegura la dirigente del PSC, habrá que abordar una mejora de los circuitos de acceso a la información, plantear que el código de conducta adquiera el rango de reglamento e incidir en la "ética y el buen gobierno".
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