Cumbre del agua
El Govern se reúne con la oposición para pactar las medidas contra la sequía
PSC y Junts reclaman que los ayuntamientos no sean los que paguen "los platos rotos" con sanciones y señalan la acción "errática" de Aragonès
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jordà aragonès / Marta Sierra / ACN
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Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
La gestión de la sequía es una de las grandes patatas calientes que tiene gestionar el Govern cuando faltan solo dos meses para las elecciones municipales. La semana pasada ya validó por los pelos el decreto de restricciones a costa de una recapitulación que forzaron el PSC y Junts, y ésta la arranca con la mirada puesta en la cumbre que celebrará con los grupos de la oposición este viernes con el compromiso de incorporar medidas complementarias. Una cita ante la que tanto socialistas y posconvergentes han vertido reproches contra el 'president' Pere Aragonès y la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà. Falta una semana para que arranque oficialmente el período electoral.
Las acusaciones de "inacción" y de gestión "errática" se han ido sucediendo durante el fin de semana y han continuado hoy. Ante el riesgo de que la cumbre se convierta en un fuerte choque con la oposición, el Govern se ha reunido este lunes con los grupos y lo volverá a hacer el miércoles con vocación de sellar una entente que se traducirá en una modificación del actual decreto o uno nuevo complementario. "Ahora sí que hay un proceso de escucha, hay un pequeño giro y voluntad de incluir el máximo consenso", señalan desde la oposición.
Justo antes de la reunión, el líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado a Aragonès que esta crisis del agua sirva para que haga un "volantazo" en su manera de ejercer, un "cambio de rumbo" que pasa, a su juicio, por actuar siendo "consciente" de su minoría en el Parlament. El decreto fue validado solo con el voto afirmativo de los 33 diputados de ERC y la abstención de PSC, Junts, Comuns y CUP.
En la inauguración de la convención municipalista del partido y ante una problemática que afecta de lleno a los ayuntamientos, el jefe de la oposición ha insistido en que los consistorios no pueden "pagar los platos rotos" de la inacción ante la sequía que reprocha al Govern. "Hace 10 años que se deberían haber tomado medidas. Se tiene que pasar de una política de fiscalización a una de colaboración", ha espetado, además de recordar que dos de cada tres euros de inversión de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) se han quedado "en un cajón".
El hecho de que el decreto aprobado incluya un régimen sancionador para los ayuntamientos que incumplan con los planes de alerta es una de las cuestiones que el PSC quiere revertir. Que se eliminen las multas o que se acepte un período transitorio antes de aplicarlas es uno de los objetivos que tienen los socialistas entre ceja y ceja de cara a la cumbre y así lo exigirán a Aragonès. También desde Junts reprochan al 'president' que pretenda "centrifugar" la responsabilidad a los alcaldes y abogan por potenciar las desalinizadoras y la reutilización de aguas grises, además de la concesión de ayudas a los ayuntamientos.
El impacto de las elecciones
El portavoz de la formación, Josep Rius, ha cargado contra la "errática, lenta y poco acertada" actuación contra la sequía de Jordà, a pesar de que por ahora descartan pedir su reprobación. También los Comuns han exigido planificación y tachado de "insuficiente" la respuesta del Govern. "La sequía no se solucionará ni haciendo la danza de la lluvia ni yendo a Montserrat", ha ironizado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena. Para ERC, el repertorio de críticas forman parte del "electoralismo" de la oposición. "No todo vale a las puertas de unas municipales", ha dejado caer la secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.
Lo que buscan tanto el PSC como Junts es dejar en evidencia que el Govern "no tiene los apoyos" para hacer y deshacer a conveniencia -menos aún ante una crisis de calado que implica a todas las administraciones- y que eso le obliga a forjar acuerdos antes de impulsar medidas. Como ejemplo Illa ha citado, además del de la sequía, el decreto de reestructuración de Mossos, que ha lamentado que la oposición lo conociera por los medios de comunicación; así como la polémica sobre la residencia de Santa Coloma, que según el PSC supone que el Ejecutivo está poniendo "las instituciones al servicio de candidaturas políticas".
Justamente los socialistas han registrado este lunes la petición de reprobación del 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, como también hizo Junts, un reproche a su actuación que se votará en el pleno del Parlament de mediados de abril, a pocas semanas de las municipales, y que previsiblemente será aprobada. Todo un aviso a navegantes sobre la suerte que puede correr también Jordà si la cumbre del viernes se convierte, también, en un incendio -en este caso, político- difícil de sofocar entre la munición que supone el contexto electoral y las respuestas urgentes que la situación requiere.
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