Fase de excepcionalidad
PSC y Comuns critican al Govern por la gestión de la sequía y fuerzan a Aragonès a negociar
El decreto, que se vota esta semana en el Parlament, restringe el uso del riego agrícola, industrial y urbano a más de 200 municipios
![El líder del PSC, Salvador Illa, en el Parlament, mirando al 'president' Pere Aragonès durante un pleno](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d03b65e6-37a3-47cd-b8b7-326288b6867e_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
El líder del PSC, Salvador Illa, en el Parlament, mirando al 'president' Pere Aragonès durante un pleno / FERRAN NADEU
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
![Carlota Camps](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d836dbb3-99a4-47d7-873f-b6234d79e0e7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
PSC y Comuns volverán a evidenciar en el pleno del Parlament de esta semana que una cosa es aprobar los presupuestos y otra de muy diferente convertirse en un socio estable del Govern, papel que ninguno de los dos partidos está dispuesto a asumir. Así lo volverán a demostrar en la convalidación del decreto de medidas contra la sequía. Los dos grupos lamentan que no se haya negociado previamente a llevar el texto a la Cámara y, por este motivo, pedirán que la norma se tramite como proyecto de ley, para poder forzar una negociación.
El decreto, aprobado el pasado 28 de febrero por el ejecutivo -y ya en vigor-, restringe el uso del riego agrícola, industrial y urbano en 224 municipios, donde viven casi 6 millones de catalanes. Las zonas afectadas son las cuencas de los ríos Ter y Llobregat (abastecen a varias comarcas de Barcelona y Girona) y del acuífero Fluvià-Muga (Empordà), que están en fase de excepcionalidad, el último eslabón antes de la emergencia.
A pesar de ello, los socialistas consideran que al Govern le falta "iniciativa" y que "no ha hecho nada durante 10 años", motivo por el cual achacan la "gravedad" de la situación actual y lamentan el espirito "sancionador" de la norma. Consideran que es injusto que tras "10 años de inacción", ahora la Generalitat quiera multar a los ayuntamientos que no cumplan con los criterios de ahorro de agua.
Lo ha defendido la portavoz del partido, Èlia Tortolero, aunque ha asegurado que el PSC tiene la "mano tendida" al ejecutivo y que no quiere hacer "demagogia" con este asunto. Pero aún así, lamenta la falta de negociación y pide al Govern que tome en consideración las medidas propuestas por el PSC y que Salvador Illa hizo llegar al 'president' por carta, así como que convoque la cumbre de partidos que anunció en el Parlament hace dos semanas y que aún no tiene fecha.
Por otro lado, el portavoz de los Comuns, Joan Mena, también ha avanzado que su partido pedirá la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder hacer aportaciones. La formación pide regular los "usos escandalosos del agua" y planificar las inversiones estratégicas de la Generalitat a largo plazo, entre las que ha asegurado que está el Hard Rock, entre otras, ya que considera que la sequía será un problema de largo recorrido.
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