CASO CUARTELES
El grueso de los ingresos de Mon proceden de las contratas de la Guardia Civil
El informe patrimonial del empresario canario que se hizo con obras en once acuartelamientos de la provincia no detecta inmuebles ni vehículos a su nombre y sólo localiza 2.500 euros netos declarados por trabajo o actividades económicas entre 2013 y 2021
![En cuartel de Alcoy en una imagen de 2018, cuando estaba siendo adecentada la fachada. La factura tiene fecha del 2 de octubre de 2016.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/80ffe51e-261e-44c2-bbd9-621538490340_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
En cuartel de Alcoy en una imagen de 2018, cuando estaba siendo adecentada la fachada. La factura tiene fecha del 2 de octubre de 2016. / JUANI RUZ
Ni inmuebles ni vehículos y menos de 4.000 euros brutos (2.500 netos) como rendimientos de trabajo o actividades económicas en siete años, entre 2013 y 2021, declarados por una de sus empresas. Son todos los bienes que a nombre de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', ha localizado el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil
en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de casi dos centenares de obras en instalaciones del Instituto Armado, once de ellas en la provincia de Alicante.
Las actuaciones fueron adjudicadas mediante contratos menores, lo que permite la elección directa del contratista sin tener que sacarlas concurso. En la provincia fueron los acuartelamientos de Dolores (58.062 euros), Orihuela (58.906 euros), Alcoy (59.834 euros), El Verger (59.750 euros) y otras siete actuaciones en Castalla, Cocentaina, Jacarilla, Banyeres de Mariola, San Miguel de Salinas, Muro de Alcoy y la Comandancia de Alicante, que se repartieron un presupuesto total de 39.576 euros.
Todas ellas, al igual que el resto de los contratos que ahora están bajo la lupa de una magistrada de Madrid, fueron adjudicadas a alguna de las tres mercantiles de las que Mon era en esos momentos administrador único: Angrasurcor S.L., Impermecork S.L. y Solocorcho S.L.
El informe del SAI, que forma parte de la causa desde el pasado octubre, no deja lugar a dudas sobre el papel que los contratos de la Guardia Civil han jugado en la economía de este empresario canario del que estos mismos investigadores constataron que pagó viajes, hoteles y hasta parte del cobertor de la piscina al teniente general Pedro Vázquez Jarava, hoy ya jubilado pero cuando estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil tenía la última palabra sobre estas obras.
Ambos figuran como investigados en este proceso junto al entonces jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso, y a un trabajador autónomo contratado por Mon, incapaz de abarcar semejante volumen de trabajo con su infraestructura empresarial.
El informe concreta que "la mayor parte de los ingresos que reciben estas mercantiles provienen de la adjudicación de obras por la Guardia Civil, que le permiten, durante 2016 y 2017, emitir cien facturas por importe de 1.739.792 euros en las comandancias de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Jaén, Valladolid, Zona de Murcia, Jefatura de Asuntos Económicos y Dirección General del Cuerpo".
Los investigadores agregan que, una vez que Vázquez Jarava pasa a la situación de retiro, lo que ocurre en enero de 2018, "disminuyen de manera notable los contratos adjudicados por la Guardia Civil al contratista Ángel Ramón Tejera".
Y precisan que si bien durante los años 16/17 factura con las dependencias antes citadas, "en 2019 y ejercicios siguientes únicamente lo hace para la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife disminuyendo en consecuencia de forma considerable los importes facturados.
Jarava y su casa de Cádiz
En cuanto al patrimonio del
teniente general Jarava
, y a expensas de que las pesquisas que está llevando a cabo por el SAI bajo el control de la instructora pudieran aportar nuevos datos, el informe recoge que hasta enero del 2018, cuando pasa a la situación de retiro por edad, "percibe como ingresos dinerarios ordinarios sus retribuciones profesionales procedentes de la Dirección general de la Guardia Civil". Y añade la vivienda que el alto mando adquirió en el paseo marítimo de Cádiz el 11 de noviembre de 2016 con un valor de compra de 395.000 euros y cuya descripción del modo en que se abonó ocupa dos páginas del informe.
Hay ingresos en efectivo por parte del teniente general que preceden a extracciones realizadas por el adjudicatario un día antes; transferencias desde las cuentas de dos sociedades constituidas por Jarava y su mujer, domiciliadas en Madrid y dedicadas a "la compraventa de toda clase de bienes muebles e inmuebles o semovientes, la urbanización y parcelación de terrenos, la construcción de todo tipo de edificios y su explotación en régimen de venta, arrendamiento o cualquier otra modalidad" ; y hasta 47.700 euros· "de origen desconocido" de los 395.000 que el alto mando pagó por el inmueble.
Los investigadores matizan, no obstante, que la investigación económico-patrimonial no acaba en estas conclusiones puesto que la misma continúa desarrollándose.
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