Gobierno y Generalitat evitaron seis conflictos constitucionales en 2022

No, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no se reunió antes de final de año, como reclamaba el 'president' Pere Aragonès. Pero este desacuerdo no es representativo de lo que durante todo 2022 ha sucedido fuera de los focos entre ambos gobiernos, que se traduce en 12 acuerdos concretos de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, que integra a representantes de ambas partes. Los acuerdos no son menores, y van desde cuestiones de vivienda a las consultas no referendarias, pasando por la normativa del carnet de conducir por puntos.

Estos entendimientos son en sí mismos un valor, pero también son una manera de evitar una conflictividad larga y costosa en el Tribunal Constitucional, donde siguen acabando todavía algunas cuestiones no resueltas entre las autonomías y el Estado. Pero, en la trastienda, los pactos se han sucedido mes a mes durante el pasado año.

Sin ir más lejos, el pasado 22 de diciembre se llegó a un importante pacto en materia de vivienda. La Generalitat ha asumido una interpretación de su normativa de 2022 que actualizaba leyes anteriores sobre emergencia habitacional. En concreto, el Govern ha aceptado promover "las modificaciones normativas que sean procedentes en cada caso" para poder aplicar su norma autonómica con "la seguridad jurídica necesaria". Es decir, que el Gobierno no llevará el caso a los tribunales si se interpreta de una determinada manera lo que dispone la norma catalana. Se trata de cuestiones de peso, como el alquiler social, las ocupaciones o la definición de qué es un gran tenedor de viviendas.

La ley de consultas

Otro ejemplo de pacto reciente tiene que ver con la ley de consultas aprobada en 2014 y que fue la base para que el Govern de Artur Mas llevar a cabo un proceso participativo sobre la independencia. Esta ley ha sido recientemente retocada, y el Gobierno ha acordado con la Generalitat asumir los cambios siempre que quede claro que las posibles consultas "supramunicipales" que se celebren estarán referidas al ámbito autonómico "sin afectar a las competencias de los entes locales ni vulnerar tampoco la autonomía local". También se deja claro que no se puede vulnerar la doctrina del Constitucional sobre el alcance de lo que puede y lo que no consultar la Generalitat en estas votaciones populares.

El resto de los 12 acuerdos hacen referencia a cuestiones relacionadas con el despliegue de energías renovables, el carnet de conducir por puntos, la aplicación de una directiva europea sobre bonos, o la ley de medidas fiscales de la Generalitat, hasta llegar a los seis conflictos ante el Tribunal Constitucional que se evitaron a lo largo del pasado año. En todos los casos los acuerdos surgen de una interpretación determinada de las normativas que evitan llevar la discrepancia al ámbito judicial. En algunos casos, como el de la normativa europea sobre bonos garantizados que el Estado ha aplicado, es la administración que dirige Pedro Sánchez la que ha admitido cambios en el redactado de la ley para garantizar las competencias autonómicas en algunos aspectos.

La caída de la conflictividad

En el Ministerio de Política Territorial hacen cuentas. No solo del último año, sino de toda la legislatura. “Ha habido una caída fortísima de la conflictividad”, señalan fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. Desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, Catalunya ha aprobado 135 leyes. El Gobierno solo ha impugnado cuatro de ellas, un 4,4%. En cambio, en la X Legislatura, con Mariano Rajoy gobernando con mayoría absoluta, el Ejecutivo central recurrió 19 de las 89 normas catalanas: el 21,3% del total. 

“El Gobierno colabora con normalidad y lealtad institucional con la Generalitat. Los trabajos de los diferentes equipos no siempre son visibles, pero están ahí -concluyen en Política Territorial-. Es evidente que la situación política en Catalunya hoy no tiene nada que ver con la de 2017. Tampoco la relación de la política española con la catalana. Ya no hay confrontación. ¿Eso quiere decir que no haya discrepancias o que ya no exista el independentismo? En absoluto. Pero ahora las discrepancias legítimas se resuelven dentro del marco constitucional”, apuntan, informa Juan Ruiz Sierra.

En el Govern confiman la comunicación permanente entre gabinetes aunque orillan apuntar si esta trasciende de lo puramente relacionado con el día a día. Las citas electorales de 2023, y el mutuo interés de socialistas y republicanos de poner distancia entre ellos, aconsejan más discreción, si cabe, que nunca.

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