La renta básica y los macroproyectos enturbian la aprobación definitiva de los Presupuestos

La negociación más larga y el tiempo de tramitación más corto. Así pueden resumirse los tres meses de toma y daca hasta que ERC alcanzó un acuerdo con el PSC el 1 de febrero y los 37 días posteriores -tiempo récord- hasta la aprobación definitiva de los presupuestos de la Generalitat de 2023 este viernes en el Parlament. Una votación que dará combustible al Govern de Pere Aragonès, pero con materias incendiables que a partir de ahora tendrá que gestionar ante una oposición que no dará tregua y una campaña electoral de municipales a la vuelta de la esquina. Una de ellas es el plan piloto de la renta básica, que previsiblemente caerá por la pinza entre el PSC y Junts. La otra, la concreción de los macroproyectos que incomodan a ERC y de los que Comuns y CUP hacen caballo de batalla. Y aún hay una tercera: la gestión de la sequía.

A pesar del acuerdo sellado para que las cuentas prosperen, hay votaciones de enmiendas que el Govern ya da por perdidas. La antesala de ello fue la comisión de la semana pasada, el primer filtro de la enmiendas, en la que los republicanos ya perdieron alguna votación de calado, como la de la renta básica. PSC y Junts sumaron para tumbarla. Los intentos por alcanzar un pacto con los socialistas para mantener los 40 millones para el ensayo no ha sido posible y también han caído en saco roto las peticiones del Govern al PSC para que "cumpliera" con el acuerdo, por lo que este proyecto quedará finalmente fuera de los presupuestos si nadie, en un giro de guion, cambia su voto.

El alcance del pacto

Pero los socialistas, que se reunieron el miércoles por última vez con el Govern para repasar la pauta de las votaciones de este viernes, argumentan que se pactaron las cuentas, pero no la ley de medidas. Aunque la Taula del Tercer Sector ha reivindicado que se mantenga el plan piloto, una de las condiciones que entre ERC y CUP fijaron para investir a Aragonès, el partido de Salvador Illa argumenta que "no tiene sentido" que la ley de medidas contemple esta asignación si las cuentas no prevén ninguna partida para este año, además de apuntar que la Generalitat no tiene suficientes recursos para garantizar de forma universal esta prestación.

Los republicanos reconocen que no es posible una implementación de esta medida a gran escala, pero lamentan que el PSC torpedee incluso el estudio. Aún así, avisan que la oficina creada para poner en marcha el plan seguirá funcionando y recuerdan que siempre se puede incluir la partida presupuestaria más adelante, vía decreto del Govern –aunque necesitarían una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante que en estos momentos no parece posible–. Por este motivo, el partido de Oriol Junqueras lamenta la alianza entre el PSC y Junts que, asegura, opera en el Parlament para frenar propuestas como esta a pesar de haber tejido un pacto para aprobar los presupuestos con el PSC y los Comuns.

El intercambio de reproches entre el "tripartito autonómico" que denuncian desde Junts y la "sociovergencia" que critican desde ERC será una de las bandas sonoras del debate. Como también lo será de qué manera se concretan a partir de ahora la ejecución de la B-40, el crecimiento del aeropuerto de Barcelona-El Prat y el impulso del Hard Rock. Para no poner en riesgo el acuerdo, republicanos y socialistas no han abierto hasta ahora esta carpeta. De hecho, el partido de Illa ha renunciado a apoyar la enmienda de Junts sobre los macroproyectos para ser "fiel" a lo rubricado por ambas partes. Y es que empieza ya la cuenta atrás de 21 días para que Gobierno y Generalitat firmen el convenio de la B-40 y se haga el traspaso de recursos para que el Govern ejecute la obra.

ERC y PSC pactaron el 31 de marzo como fecha límite, un plazo en el que los Comuns, que siempre han proclamado que los macroproyectos se pactaron con "eufemismos" y que no llegarán a hacerse realidad, estarán ojo avizor. De hecho, el grupo de Jéssica Albiach exprime este filón que genera contradicciones en las filas republicanas y que le permite marcar perfil respecto el PSC, las dos fuerzas con las que tienen voto fronterizo. En las últimas semanas y aprovechando también las manifestaciones contra estas infraestructuras, los Comuns han subido el tono contra Aragonès, a pesar de que en ningún momento ha estado en duda su voto afirmativo. La CUP, que también ha participado activamente de las protestas, critica al grupo de Albiach precisamente por esa actitud ambivalente.

La sesión de control de este jueves dejó claro que hay un tercer elemento candente en el debate político catalán: las medidas para gestionar la sequía. El 'president' lo ha visto a venir y se anticipó anunciando que convocará una cumbre para explorar un frente común con los grupos, pero desde el PSC ya avisan que no son ellos los culpables de la "inacción" y de la falta de inversiones de la última década. Los socialistas no garantizan, al menos por ahora, su aval al decreto de medidas de restricciones de agua que aprobó el Executiu a finales de febrero.

Votaciones perdidas

Además de la enmienda de la renta básica, ERC está en minoría frente a la propuesta de tarifación del agua en el área metropolitana. La ley de medidas establece que sea la Agència Catalana de l'Aigua quien determine el precio en las ciudades de esta zona, mientras que los socialistas, como Junts, consideran que eso invadiría competencias municipales de los ayuntamientos, motivo por el que esta es otra de las propuestas que quedarán descartada.

La estrategia de Junts continúa siendo dejar en evidencia la debilidad del Govern en minoría a costa de hacerle morder el polvo en votaciones del Parlament, y aún más a las puertas de una sentencia a la líder del partido Laura Borràs que, si es condenatoria, abrirá el melón de escoger a un nuevo presidente o presidenta.

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