Artur Mas promovió sin éxito suspender al político que se enfrentara a un juicio penal

"El tratamiento de las personas imputadas: en este sentido habrá que valorar los criterios que se usan en la magistratura y en otras instancias de las administraciones, en el sentido de acordar la suspensión de un cargo público que está sometido a un proceso penal, en el momento en que el juez que instruye la causa contra esta persona acuerda la finalización de la instrucción y decide la apertura de juicio oral". Esta es la propuesta número 29, una de las más destacadas de las 51 medidas que el 'expresident' Artur Mas acordó hace diez años con la presidenta del Parlament y los representantes de instituciones como el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges o la Oficina Antifrau. Una década después, la realidad es que ese compromiso no se cumple, al menos, no por la voluntad de los afectados.

Sin ir más lejos, la presidenta de Junts, Laura Borràs, se ha negado a tomar la decisión de dejar la presidencia del Parlament al ser juzgada por delitos relacionados con la corrupción y fue apartada por la Mesa de la Cámara cumpliendo con el reglamento. La dirigente ha alegado, basándose en una reforma de los estatutos de Junts, en que su caso no es corrupción sino "persecución política". Es más, en el congreso del pasado verano logró que los estatutos del partido incluyeran que, ante el caso de una condena con sentencia firme que responda a un proceso de "lawfare", será la comisión de garantías la que valore si puede continuar o no desempeñando su función.

La rehabilitación posterior

"Se incorporó esta medida [apartarse en caso de apertura de juicio] en el reglamento del Parlament y podría ser obligatorio, pero es la típica exigencia que se hace respecto a otros y no respecto a los tuyos, no se está cumpliendo de manera rigurosa", denuncia Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifrau.

El fiscal Martín Rodríguez Sol, que participó en la cumbre de Mas, recuerda que se llegó al acuerdo de que ante la apertura de juicio "el político debía desaparecer de escena", pero "sin que haya quedado clara la rehabilitación posterior" en caso de exculpación. "En Catalunya tenemos casos muy singulares en la mente de todos, se han adoptado medidas reglamentarias, se podrá mejorar en el tratamiento, añadir más medidas, pero es algo que los políticos a día de hoy tienen presente", considera el fiscal.

En la cumbre institucional de hace diez años, Mas también pidió "facilitar la restitución de las responsabilidades públicas previas" a la imputación en caso de exculpación y "garantizar un trato informativo equivalente". Una propuesta difícil de aterrizar en medidas concretas. Según la última encuesta de la Oficina Antifrau, el 64% de los catalanes cree que los políticos son poco o nada honestos frente al 35% los catalanes que opina lo contrario.

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