Tribunal Constitucional
El reparto de asuntos en el TC afecta a los magistrados del Gobierno y el PP valora recusaciones
La exasesora en Moncloa firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatuarias a favor de no imponer el 25 por ciento del castellano en las escuelas, por lo que ha anunciado que se apartará de este asunto | Al exministro de Justicia le corresponde la ponencia sobre el fondo que cubrió las fianzas impuestas a 29 excargos del Govern
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María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y Laura Díez. / EFE
Cristina Gallardo
Periodista
Cristina Gallardo
La elección por el Gobierno del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la catedrática y ex asesora en Moncloa Laura Díez para el Tribunal Constitucional despertó fuertes críticas en ámbitos de la derecha política y judicial que cuestionaron su vinculación directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como advertencias sobre la posibilidad de que la labor desarrollada en sus anteriores cargos les pudiera 'contaminar' respecto de determinados asuntos pendientes de resolver por el órgano en el que ahora son magistrados.
Los avisos podrían cristalizar próximamente en sendas recusaciones por parte del PP, según aseguran a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la formación, que valoran esta posibilidad tras conocerse las ponencias que les han correspondido una vez el órgano ha sido renovado. Se están analizando los razonamientos legales para fundamentar esta petición de forma concreta en cada caso, según las mismas fuentes, y tras esta valoración se tomará una decisión definitiva.
El asunto más claro parece ser el de Díez con respecto a las ponencias que tendrá que elaborar sobre dos recursos presentados por el PP y Ciudadanos. Se trata de los instados contra los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la norma catalana sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas. La acción podría ser innecesaria si la propia Díez formula su abstención en este asunto en los próximos días, han confirmado fuentes jurídicas.
La magistrada 'hereda' este asunto del que fuera magistrado Antonio Narváez, según las reglas de reparto establecidas en el tribunal desde 2017, pero se da la circunstancia de que, apenas hace unos meses, Díez firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, en las que valoró estas normas y se mostró a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
Según información portal web del propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat apuntada por Europa Press, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
Respecto del primero, el documento es del pasado 7 de junio y en él se concluye, entre otras consideraciones, que la ley catalana "no vulnera" la Constitución ni el Estatut, ni en cuanto a la omisión de declarar el castellano como lengua vehicular ni sobre el uso curricular y educativo del catalán y del castellano sin establecer porcentajes.
Ese mismo mes, concretamente el día 20, Díez firmó un segundo análisis que llegaba a la misma conclusión de aval constitucional respecto de la norma que fija los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos . En el texto se incide en que el hecho de que la ley catalana haga mención sólo al catalán como lengua vehicular de la enseñanza "no es inconstitucional y no supone en ningún caso la exclusión de la lengua castellana como lengua docente".
La abstención de Díez será inmediata, pues el tribunal ya fijó para el Pleno que comienza el próximo martes un asunto menor relativo al 25 por ciento de castellano en las aulas. Se analizará una petición relacionada con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto de la Generalitat, según figura en el orden del día.
Publicación en el BOE de ponencias
Según las fuentes consultadas, la nueva asignación de ponencias no se hace efectiva hasta su publicación en el BOE, lo que ha ocurrido este mismo jueves, por lo que en cuanto se haga efectivo el reparto de las nuevas ponencias se extenderá la abstención de Díaz a todos los asuntos que le han correspondido sobre esta materia.
Frente a las valoraciones que esta haciendo el PP, Ciudadanos, que también participa en estos recursos, deja la decisión a los de Núñez-Feijóo por ser ellos quienes dirigen jurídicamente las impugnaciones presentadas en su día ante el Constitucional, según las fuentes del partido naranja consultadas por este diario,
Igualmente, se valora cuestionar que Díez sea la más indicada para realizar la ponencia sobre la última reforma educativa -conocida como Ley Celaá- al haber sido hasta hace medio año asesora del Gobierno como directora de Asuntos Constitucionales, cargo del que dependió primero de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y después del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Con independencia de lo que decida finalmente el PP, la realidad es que la labor de Díez en el Consejo de Garantías Estatutarias ya le ha supuesto una recusación por parte de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que actúa representación de las 15 asociaciones que forman Escuela de Todos y cuya personación en el procedimiento por el 25 por ciento de castellano en las escuelas de Cataluña se admitió a principios del pasado mes de diciembre por el tribunal.
En un escrito presentado este miércoles ante el tribunal de garantías, esta entidad alude a los dictámenes firmados por Díez y argumenta que no debería participar en este asunto porque en su cargo anterior ha intervenido en "el proceso de elaboración y aprobación de las normas objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad".
Campo y el procés
Más difícil parece una posible recusación del exministro de Justicia y hoy magistrado, aunque desde las filas populares no se descarta. Campo fue quien suscribió los decretos de indulto contra los líderes del procés independentista condenados por sedición y malversación -actualmente recurridos ante el Tribunal Supremo-, y le han correspondido los recursos en los que estaba trabajando el que fuera presidente hasta el pasado 9 de enero Pedro González-Trevijano, entre los que se encuentra uno muy vinculado a esta causa penal.
Se trata del recurso de inconstitucionalidad instado por el PP contra el Decreto-Ley de julio de 2021 por el que la Generalitat de Cataluña creó un fondo para cubrir las fianzas de más de cinco millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a una treintena ex altos cargos y funcionarios del Govern, por su implicación en la internacionalización del proceso independentista.
Criterio restrictivo del TC
En todo caso, el Tribunal Constitucional ha establecido recientemente criterios muy restrictivos respecto de las recusaciones a sus magistrados. Hace tan solo un año, poco después de que se incorporaran Enrique Arnaldo y Concepción Espejel tras la anterior renovación, se redactó un auto relativo a las recusaciones que se habían presentado contra ambos tanto por Carles Puigdemont como otros líderes independentistas, y que estaban fundadas en la trayectoria profesional de ambos y su supuesta vinculación con el PP.
Así, el Tribunal Constitucional defendió que fue la trayectoria personal, jurídica y política de sus nuevos magistrados lo que fundamentó su elección por parte del Congreso, e incidió en que nadie llega al Tribunal carente de pronunciamientos previos.
El tribunal añadía en su auto que "necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en sus deliberaciones y decisiones, en estrecha correspondencia con el pluralismo político, se convierte en una seña de su propia identidad, y no en un condicionamiento negativo" que pudiera afectar a la imagen de imparcialidad de ambos magistrados. Se recordaba, asimismo, el carácter insustituible de los miembros que conforman el Tribunal, lo que debe llevar a que su composición debe preservarse frente a los intentos de paralizar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional.
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