La Moncloa enerva a sus socios al nombrar al exministro Campo para el Constitucional

El Gobierno central dio este martes un paso arriesgado. Harto de los retrasos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de nombras a los dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le tocaba, el Consejo de Ministros decidió no esperar más y designar a los dos integrantes de su cuota. Una de las elegidas, Laura Díez, ha tenido cargos en la Moncloa, pero de tipo más bien técnico. El otro, en cambio, viene rodeado de polémica: Juan Carlos Campo, actual magistrado en la Audiencia Nacional, exdiputado socialista y exministro de Justicia.

La decisión de la Moncloa no solo provocó duras críticas en el PP, con quien fue imposible sellar hace unos meses un pacto global sobre el CGPJ, sino también de los socios del PSOE, como Unidas Podemos, que forma parte de la coalición, y ERC, un partido fundamental para aprobar la mayoría de leyes. 

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se esforzó tras el Consejo de Ministros en justificar la decisión de renovar, en general, y elegir a Campo, en particular. "El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución. Hubiéramos deseado que estos nombramientos hubieran sido simultáneos a los que corresponde al CGPJ. Pero la decisión de incumplir por parte del bloque conservador no puede conllevar que el Gobierno también incumpla", dijo, poco antes de ensalzar la trayectoria de Campo.

El exministro, continuó Bolaños, es una "persona absolutamente acreditada e idónea para el Constitucional, un magistrado que inició su carrera hace más de 35 años". Y el organismo, concluyó, "no es un órgano judicial, sino que es el máximo intérprete de la Constitución, por eso lo nombran órganos de naturaleza política".

Los precedentes

El PP eligió en su día para formar parte del TC a un militante del partido, Francisco Pérez de los Cobos, que fue presidente del organismo, y también a un diputado, Andrés Ollero. Para encontrar a un exministro que haya sido después magistrado del TC, sin embargo, hay que remontarse mucho más atrás. Manuel Jiménez de Parga fue titular de Trabajo con la UCD entre 1977 y 1978, pero pasaron casi dos décadas hasta que entró en el alto tribunal en 1995. En el caso de Campo, ha transcurrido menos de un año y medio desde su salida del Gobierno y su nombramiento para el TC.

El exministro de Justicia, vaticinó el PP al conocer la noticia, “va con la misión de ser el sheriff” del Ejecutivo. Pedro Sánchez, dijo el vicesecretario institucional de los conservadores, Esteban González Pons, “ha ido demasiado lejos”, porque los elegidos “son miembros del Gobierno” cuya función será “colonizar” el alto tribunal para “salvaguardar la legislación” del Ejecutivo, en referencia a que el TC deberá resolver recursos sobre normas tan importantes como las de la eutanasia, el aborto y la reforma laboral, paralizados mientras se produce su renovación.  

Fuentes de la Moncloa explicaron después que el TC tiene normas claras, así como una doctrina muy elaborada, sobre recusaciones, y que Campo se apartaría "sin ninguna duda" en aquellas deliberaciones que se consideren que pueden verse comprometidas por su reciente paso por el Gobierno.

La reacción morada

También Unidas Podemos afeó a Sánchez esta decisión, en un momento en el que las relaciones del PSOE con sus socios de coalición pasan por uno de sus peores momentos, debido sobre todo a las leyes que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad. El portavoz de los morados en el Congreso, Jaume Asens, celebró que la Moncloa moviera ficha y renovara el TC, pero se distanció del nombramiento de Campo, acusando a la parte socialista del Ejecutivo de caer en el “cinismo” y recurrir a las “puertas giratorias”. "Se nos ha comunicado a última hora. No es fruto de un pacto. Nos parece un acto de cinismo que se vetara a Victoria Rosell para ir al CGPJ, que es un órgano político, y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal como el Constitucional", señaló. Según Bolaños, en cambio, Podemos "tenía información precisa". La reacción de ERC fue similar a la de los morados. Los nombramientos “chirrían”, dijo Gabriel Rufián.

La renovación, al mismo tiempo, coloca al propio TC en una situación complicada. Esta es la primera vez que el Gobierno designa a los dos miembros que le tocan por cuota sin esperar al CGPJ, que lleva meses impidiendo la renovación del TC, cuyo mandato expiró en junio. El primer paso del Constitucional será comunicarle la designación del Ejecutivo, con la intención de que su núcleo duro conservador desbloquee la que le corresponde. Esperará al menos hasta el pleno de diciembre del órgano de gobierno de los jueces para intentar que la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados se valore en una única sesión. El problema surgirá si el CGPJ se empecina en no nombrar a los suyos y el tribunal tiene que dar un paso más solo con los del Ejecutivo.

Bolaños rechazó esta hipótesis. "Lo único que tiene que hacer el TC es verificar que los magistrados nombrados cumplen con los requisitos de idoneidad: ser español, jurista, tener al menos 15 años de trayectoria y una reconocida competencia", dijo. En la Moncloa descartan por completo que el Constitucional vaya a bloquear la toma de posesión de Campo y Díez. "No lo hará", zanjaron los colaboradores del presidente del Gobierno.