JUICIO EN BARCELONA
El fiscal mantiene la petición de dos años de prisión para Madí
Un inspector y un perito de la Agencia Tributaria corroboran la sospecha de que cobró a través de facturas falsas
David Madí, entrando este miércoles en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. / JORDI OTIX
Por qué confiar en El Periódico J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El fiscal Pedro Castro ha mantenido este viernes la petición de dos años de prisión para el exdirigente de Convergència, David Madí, por una trama de presuntas facturas falsas. Un inspector de la Agencia Tributaria y un perito de Hacienda ratificaron las sospechas contra este empresario catalán de que percibió fondos de la productora audiovisual Triacom, administrada por el exgerente de TV-3, Oriol Carbó, por trabajos nos realizaron.
El técnico llegó a afirmar que la operación era "artificiosa" y una "simulación" y como prueba de ello sostuvo que el informe que aparentemente justifica algunos de esos pagos es un informe general sobre "coyuntura económica", un concepto, a su entender, nada tiene que ver con el mundo audiovisual. Madí y su abogada, Olga Tubau, han defendido que los servicios sí se realizaron.
Según la acusación, dos de las mercantiles administradas por Madí, IKI Cat XXI y Nubul Consultig, emitieron facturas supuestamente ficticias a la empresa del productor audiovisual, siempre según la fiscalía, por un importe de 194.700 euros. Los conceptos que aparecen en estos documentos son: "honorarios sobre servicios realizados en el primer semestre del 2011 de acuerdo con el contrato firmado en enero del 2011" o "briefing, campaña y producción de la junta general de accionistas de la sociedad Gas Natural".
Otras rebajas de penas
La fiscalía sí que ha modificado la petición para otros imputados en la trama, como Carbó, defendido por el abogado Manuel González Peeters y que ha confesado la falsificación de facturas y para quien reclama ocho meses de prisión. También ha rebajado la solicitud de condena para otros encausados, ha mantenido los dos años de cárcel para otros y ha retirado la acusación para dos de ellos. El abogado del empresario José Manuel Parra, que se enfrenta a un año de prisión, insistió en que desde CDC le "forzaron" a cobrar actos de la campaña electoral del 2010 a través de la productora Triacom.
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