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Un juzgado investiga por primera vez a la empresa de Pegasus por el espionaje a independentistas
La magistrada admite a trámite la querella presentada por el abogado Andreu Van den Eynde contra NSO por la creación y puesta a disposición de terceros del programa informático
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Oriol Junqueras y Andreu Van Den Eynde / periodico
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Un juzgado de Barcelona está investigando por primera vez a la empresa creador a del programa Pegasus, la israelí NSO, por espionaje al mundo independentista catalán. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de la capital catalana, Maria Antonia Coscollola, ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras, entre otros dirigentes del 'procés' contra la compañía por la "creación y puesta a disposición de terceros" de la aplicación informática, así como por todas aquellas "acciones y omisiones" de la firma que podrían ser susceptibles de "contribuir voluntariamente y consciente de la verificación de la infección, acceso y extracción de información” de los dispositivos del letrado.
La jueza ha acordado iniciar la práctica de diligencias previas. Por ello, el abogado, que presentó su querella el pasado 17 de mayo de 2022, ha sido citado a declarar el próximo 18 de julio. "Por primera vez, un juzgado toma una decisión dirigida a investigar los hechos de una forma eficaz" celebra Andreu Van den Eynde: "es la primera decisión que podemos tomar como de tutela judicial efectiva por las víctimas de los hechos". El abogado considera que “la resolución admite que, dentro de las hipótesis de la investigación, debe aclararse cuál es el papel que desempeña NSO que, a pesar de ser el único desarrollador y comercializador de Pegasus, todavía se mantiene en el sombra y funciona de forma opaca”. Una conducta opaca, alega, "por la falta de iniciativas investigativas por parte de los órganos judiciales catalanes, hasta ahora".
La togada, sin embargo, ha resuelto que sobre la declaración testifical de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, "se resolverá lo que proceda" tras la comparecencia del abogado, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. También aplaza, a la espera de la opinión del fiscal, la personación en la causa como acusación popular a la Generalitat.
Acumulación de procesos
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, hasta ahora conocedor de la causa del diputado de ERC, Josep Maria Jové, y de la eurodiputada republicana Diana Riba, ha remitido la causa a su homólogo del Juzgado de Instrucción número 32. De esta manera, ha admitido la petición de la acusación y de la fiscalía de acumular este procedimiento a la investigación abierta por el espionaje con Pegasus al 'conseller' de Empresa y Treball, Roger Torrent, y al diputado y presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, aunque esta causa está archivada provisionalmente.
La jueza argumenta que se cumplen los requisitos de conexidad entre todas las causas. Especifica que el hecho objeto de delito "es lo mismo" y que "las víctimas están vinculadas entre sí por afinidad ideológica y por pertenecer al mismo grupo político". Además, la togada también insinúa que, si bien se desconocen los autores del espionaje, "todo apunta a que sean las mismas personas". Argumento que, por el contrario, ha esgrimido el juzgado número 32 para no sumar a su procedimientos por las querellas presentadas por Òmnium y la CUP.
El abogado Van den Eynde defiende que, con este posicionamiento, “el juzgado apoya la tesis defendida por el informe de Citizen Lab, que propone la hipótesis de una operación de espionaje masivo de clara orientación política y que los indicios relacionan con la actuación de agencias gubernamentales españolas”. En cualquier caso, subraya este jurista, es “la investigación penal la que deberá esclarecer los hechos y las responsabilidades". A su entender, resulta chocante “que los diferentes juzgados catalanes y la fiscalía, hasta ahora , obviaran las claras conexiones entre los diferentes casos de espionaje dirigidos al movimiento independentista catalán”, concluye.
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