Laura Borràs acepta la dimisión de la secretaria general del Parlament tras el varapalo de Antifrau

Un año después de ser designada secretaria general del Parlament, Esther Andreu deja su cargo y pone fin al último capítulo de tensiones de alto rango en la Cámara catalana. La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha acreditado que incurrió en un conflicto de intereses durante el proceso de nombramiento de su hijo como ujier, del que debía abstenerse por parentesco de consanguinidad, después de que no informara debidamente sobre la concurrencia de Jan Forner, aunque descarta una "influencia indebida" en el resultado del proceso.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha aceptado este viernes su dimisión al conocer los detalles del informe, después de que Andreu, el pasado 31 de mayo, al enterarse de que la Mesa iba a pedir un pronunciamiento a Antifrau, se enervara .

La Oficina Antifrau de Catalunya constata un "número importante de incidencias" y "dudas razonables" sobre el proceso de selección que no se circunscriben sólo al hijo de la secretaria general, sino a cómo se han realizado las pruebas en un sentido amplio. "La inadecuada gestión del conflicto de interés podía genera dudas generalizadas sobre la imparcialidadde determinada actuación pública, y un daño a la confianza en las instituciones", concluye el documento, que da por probado que Andreu sí participó en los trámites "de una forma u otra".

Ella sostuvo en todo momento que no participó en el proceso "directa ni indirectamente" y que se abstuvo "verbalmente. Antifrau resuelve que la comunicación de abstención debe ser por escrito y comunicada a los miembros del órgano parlamentario.

Andreu niega las acusaciones

Pocas horas antes de que se hiciese público el informe, Andreu ha enviado a los miembros de la Mesa una carta donde explica el motivo de su dimisión y en la que critica que se haya solicitado la opinión de Antifrau porque supone "un menosprecio de las funciones que corresponden a los servicios jurídicos" porque hay tres informes previos -uno suyo, otro de recursos humanos y uno de un letrado- que afirmaban que no había irregularidades. Precisamente, Junts era reticente a externalizar este asunto, pero la presión de PSC, ERC y CUP les hizo ceder.

Andreu asegura haber sido "objeto de acusaciones muy serias" considerándose a sí misma "un instrumento para atacar a altas instancias" para negar que su paso al lado tenga que ver con la futura resolución de Antifrau. Así, reprocha a los siete parlamentarios de la Mesa su "falta de confianza" y, al letrado mayor, su "falta de entendimiento y comunicación".

Cadena de conflictos

Desde que Borràs puso a Andreu en el cargo, las tensiones con ella han ido creciendo por varios frentes. Por un lado, por las polémicas licencias por edad que terminó con tres dimisiones en el órgano de transparencia y con acusaciones por presunto acoso laboral contra el exletrado mayor Antonio Bayona que quedaron en nada. Después, por la inhabilitación del cupero Pau Juvillà y, antes de la elección de su hijo como ujier, también estuvo en la diana por retirada de competencias que Andreu había dado al letrado mayor, Miquel Palomares y a Bayona por un informe con el que ella no estuvo conforme.