La factura de emergencia del covid en Barcelona: 75 millones de euros entre 424 empresas

El 14 de marzo de 2020 irrumpía una situación de excepcionalidad por un entonces desconocido virus que ponía en alerta a todas las administraciones. La exigencia de una respuesta urgente para adaptar a las instituciones a una cotidianidad confinada bajo estado de alarma convirtió en habitual la contratación por la vía de emergencia para responder por rápidamente a la falta de suministros, servicios y obra pública. 

El Ayuntamiento de Barcelona destinó un total de 75,7 millones de euros a comprar mascarillas, a obras para reacondicionar el espacio público, a dotarse de material para que sus empleados teletrabajaran y a reforzar sus servicios sociales para atender, entre otros, a las personas sin hogar, a las que la orden de confinamiento las pilló sin un techo propio bajo el que confinarse. Un total de 995 contratos fueron adjudicados por el consistorio entre marzo y diciembre de 2020 a 424 empresas y 52 particulares, según los datos analizados por EL PERIÓDICO recogidos del portal de transparencia municipal.

¿Quién se llevó dichos contratos? Desde compañías como el grupo Barceló, propietario de 250 hoteles de cuatro y cinco estrellas en 22 países diferentes y que aprovechó que la pandemia cortó el flujo de turistas para alquilarle alojamientos al consistorio que dirige Ada Colau por valor de 13,9 millones de euros, hasta fundaciones como Sant Joan de Deu (1,4 millones) o Cruz Roja (1,2 millones), que reforzaron la atención domiciliaria a personas dependientes y vulnerables. Todo esto, pasando por empresas de servicios de comida como SERHS food area S.L. (1,9 millones) o de seguridad como Barna Porters Seguretat S.L. (1,5 millones) que jugaron un papel destacado en el operativo de la Fira de Barcelona para acoger a personas sin hogar.

El volumen de los contratos

La carpeta social fue la que centró la acción del gobierno municipal durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que el sistema sanitario y las residencias son competencia de la Generalitat. En consonancia, el Institut Municipal Serveis Socials de Barcelona (IMSS) fue el organismo que más gastó por la vía de emergencia, concentrando más de la mitad del presupuesto ejecutado.

No obstante, la obra pública -con especial protagonismo del urbanismo táctico-, centró buena parte del grueso de las cuentas ya que el consistorio dedicó más de 12 millones de euros a obra pública y, de estos, 8,4 millones de euros a urbanismo táctico. Esto es, entre otras, la ampliación de aceras y la adaptación del espacio público a la reapertura de las terrazas.

La acomodación de los funcionarios al teletrabajo supuso 4,7 millones de euros entre ordenadores portátiles, tabletas, teléfono móviles y licencias; al tiempo que el Ayuntamiento destinó 3,8 millones de euros a varias campañas publicitarias activas en plena pandemia para informar a los barceloneses sobre el covid o servicios públicos a su disposición, así como para impulsar la reactivación económica tras el desconfinamiento.

Por varias de estas partidas de gasto el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes dieron un toque de atención al Ayuntamiento al considerar que no cumplían con los supuestos de tramitación de emergencia recogidos en el artículo 120 de la ley de contratos del sector público, que únicamente contempla el uso de esta contratación exprés si se dan acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Es decir, no es que sean irregulares, pero el consistorio no debería haber optado por la vía de emergencia para tramitarlas o debería haberlo justificado mejor. "El Tribunal de Cuentas se centró solo en la contratación de emergencia de prestaciones vinculadas directa o indirectamente con el covid, sin que haya detectado ninguna anomalía relevante para exigir ningún tipo de responsabilidad", apuntan desde el Ayuntamiento.

El operativo de la Fira

Menos de tres semanas después de decretarse el primer estado de alarma, el Ayuntamiento de Barcelona inauguró en el recinto de la Fira de Barcelona un refugio para acoger a 1.200 personas sin techo. Un espacio que estuvo abierto más de un año y que requirió un desembolso sustancial por parte del consistorio, ya fuere en el alquiler del recinto, alimentos, limpieza, desinfección covid o vigilancia.

Un total de 5,8 millones de euros fueron directamente a costear ese espacio, a los que cabe añadir muchas otras contrataciones para otros servicios de acogida habitacional, reservados para mujeres sin hogar o a personas con problemas de adicciones, además de servicios de atención telefónica para la prevención del suicidio, entre otros. De ahí que empresas como Progess y Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), sociedades limitadas o sin ánimo de lucro, hayan conseguido contratos por valor de 1,4 millones de euros cada una.

Los datos de transparencia del Ayuntamiento no revelan una alta concentración en lo que a contratación de emergencia se refiere, exceptuando al grupo Barceló, que recibió casi dos de cada 10 euros del presupuesto municipal asignado por esta vía. La segunda compañía que mayor importe recibió en contratos fue CRC obras y servicios S.L., con un rol protagonista en la reforma del Fòrum y una recepción por ello de 3,1 millones de euros. La tercera fue SERHS food area S.L., con 1,9 millones de euros en contratos de servicio a domicilio para personas vulnerables o de comidas en el dispositivo de la Fira. En el otro extremo de esas grandes empresas están 52 autónomos, como el que le confecciono un paquete de mascarillas para el personal municipal a cambio de 174,24 euros.

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