Sánchez mide sus pasos para salvar la grave crisis con ERC y la legislatura

En los últimos tres años, la política española apenas ha atravesado momentos de reposo. Cuando parece que se adentra en un periodo de calma, algún acontecimiento lo desbarata todo. España empezaba a dejar atrás la pandemia y ha estallado una guerra en Europa. El Gobierno confiaba en el alivio de los fondos europeos y se enfrenta ahora a una rebaja del crecimiento. Nada está ya en su sitio. La incertidumbre sobre la evolución de la invasión rusa de Ucrania, la crisis económica provocada por los efectos del conflicto y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP suponen nuevas amenazas. 

El Ejecutivo ni siquiera está seguro de poder contar con sus socios. En medio de este desconcierto, ha empezado a sonar el tictac de otra bomba de relojería: el descubrimiento de que más de 60 líderes independentistas, entre ellos el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, han sido presuntamente espiados a través de sus teléfonos móviles. Se habría hecho, principalmente, con el 'software' Pegasus, según la investigación de la organización Citizen Lab, desvelada por 'The New Yorker', que apunta como responsable al propio Gobierno. 

No parece descabellado pensar que realmente esto haya podido ocurrir en el marco del proceso separatista, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huida de Carles Puigdemont, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vigilaba. Pero el dato que ha sacudido la política española es que ese espionaje se extendió hasta 2020, cuando los vínculos entre el PSOE y ERC ya eran muy estrechos. 

No se descarta una cita de Sánchez y Aragonès, pero la impresión en Catalunya es que no el Gobierno no está dándose cuenta del alcance político del espionaje al separatismo

En la Moncloa ha cundido la preocupación porque esto compromete directamente a la Administración socialista. Según ha podido saber este diario, conocieron la información días antes de que se publicara. Hubo contactos entre el Ejecutivo y la Generalitat, pero la impresión que tuvieron en Catalunya es que no estaban dándose cuenta del alcance político que podía tener la posible utilización de Pegasus contra ellos.  

A lo largo de esta semana, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han intercambiado mensajes sin descartar una reunión, que no ha llegado a celebrarse por la apretada agenda del presidente del Gobierno. No pudieron verse en Barcelona y una visita al centro de refugiados ucranianos de Málaga, este miércoles, impidió también una cita en la Moncloa. Sánchez voló desde la ciudad andaluza hasta Polonia, para continuar en tren el viaje hasta Kiev para reunirse allí, el jueves, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. 

Un primer movimiento

El jefe del Govern lleva días pidiendo explicaciones "de tú a tú" y, aunque no ha sido posible cuadrar agendas, este periódico ya publicó que el presidente está abierto a una reunión con Aragonès, que puede ser crucial para el resto de la legislatura. Mientras se concreta, el Ejecutivo ha hecho un primer movimiento. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viaja este domingo a Barcelona para entrevistarse con la 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, en el Palau de la Generalitat. La mano derecha de Sánchez es quien ha pilotado los contactos discretos con el Govern que han cuajado en esta primera convocatoria.

El 'president' quiere explicaciones ya, "en cuestión de días, máximo una semana", que se monte una investigación dentro del Gobierno y en el Congreso y se depuren responsabilidades

Un paso que evidencia todo lo que está en juego. Al hecho del espionaje se une una circunstancia algo más mundana pero absolutamente fundamental: el Ejecutivo de coalición depende en cada votación de los 13 diputados de ERC. Junts no participa de su mayoría parlamentaria, pero los republicanos son un socio fundamental desde la investidura. Y ya han advertido de que, aunque pueden apoyar esta semana el real decreto ley de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania, a partir de ese momento cada votación en el Congreso puede convertirse en un 'Vietnam'. De ahí que en las alturas del PSOE y en la Moncloa prescriban máxima prudencia y no dar pasos en falso. Hay que "esperar", "bajar el suflé", indican en Ferraz. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, se ha ofrecido a comparecer en el Congreso y dar información también en la comisión de secretos oficiales, pese a que a estas alturas de la legislatura no está constituida por los vetos cruzados de los partidos. Y este lunes lo hace el director de Gabinete del presidente, Óscar López, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde con mucha probabilidad aflorará el escándalo. Pero todo esto no sustituiría un posible encuentro entre Sánchez y Aragonès, en el formato que se acuerde. Desde el Gobierno no se rehúye, a pesar del primer intento de Bolaños de pacificar la situación. El 'president' quiere explicaciones ya, "en cuestión de días, máximo una semana" y que se monte una investigación dentro del Gobierno y en el Congreso, según avisó en una entrevista en 'El País' publicada este sábado.

A la espera de un pronunciamiento del ministro, solo al máximo nivel parece posible resolver el problema con ERC, que amenaza el objetivo de culminar la legislatura. La Generalitat, según ha podido saber este diario, exige una explicación que pueda después trasladar al mundo independentista. Esto supone meter al Gobierno en un atolladero. ¿Por qué los soberanistas fueron espiados hasta 2020? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sabía? Es necesario recordar que nunca se ha dejado de especular con un posible regreso de Puigdemont a España y que en octubre de 2019 Barcelona y el resto de Catalunya sufrieron una oleada de disturbios por la sentencia del 'procés'. Ambos asuntos de importancia para el CNI, que necesita de la autorización de un juez del Tribunal Supremo para intervenir las comunicaciones. 

Un caso que se arrastra desde 2020

El Ejecutivo asegura que "no tiene nada que ocultar", pero reconoce la complejidad de proporcionar información, que es materia reservada. La propia ley que regula el CNI le obliga a guardar silencio. Y se le demandan no solo respuestas, sino poder hacerlas públicas. Aragonès reclama también que se asuman responsabilidades, que se actúe. En resumen, que alguien del Gobierno sea sacrificado por el uso de Pegasus. 

Aunque el Ejecutivo cuenta con Presupuestos aprobados y eso garantiza la gobernabilidad, podría verse acosado por dos flancos: PP y Vox y ERC y Junts

La desestabilización provocada por este presunto espionaje no acaba ahí. La vertiente institucional se ha visto afectada. La Generalitat asegura que las relaciones quedan en suspenso hasta una resolución de la crisis satisfactoria y por eso la visita de Bolaños de urgencia a Barcelona. El Ejecutivo recuerda que ha trabajado mucho en los últimos años para recuperar la interlocución con Catalunya y pasar página de la tensión separatista, a costa incluso de la incomprensión de su propio electorado. Se considera un éxito que Aragonès participara en la última Conferencia de Presidentes de La Palma y que el Govern haya vuelto a las reuniones multilaterales. 

Ya no se habla tanto del conflicto catalán y la opinión pública española recibió sin apenas cuestionamiento los indultos. Aquello que parece lejano puede resucitarlo ahora el denominado 'Catalangate'. La Generalitat ha reavivado su presencia internacional para denunciar el caso, tras poner los teléfonos de la mayoría de los líderes independentistas a disposición de Citizen Lab. Una decisión adoptada después de conocer, en julio de 2020, que el móvil del 'expresident' del Parlament Roger Torrent había sido espiado con este 'software' israelí. Una circunstancia que está investigado un juzgado en Barcelona y que abre la puerta a que el espionaje a sus compañeros acabe también en los tribunales, vía que también anima el Ejecutivo.

A la espera de las explicaciones del Gobierno, el independentismo cuenta ahora con un nuevo elemento para añadir a sus intentos de victimización. Dividido y desnortado en los últimos años, ha encontrado ahora una nueva causa para cohesionarse. El 'caso Pegasus' resuena cada vez con más fuerza en la política española. La ralentización del crecimiento puede alterar los planes del Ejecutivo de llevar las elecciones generales a finales de 2023, fortalecido por el dinero de los fondos europeos. También el curso de la guerra y el hecho de que el PP tenga con Feijóo una alternativa que nunca representó Pablo Casado. Pero se ha añadido un problema más. Un tictac creciente, nervioso, que puede al final estallar y complicar cada votación en el Congreso. Aunque el Ejecutivo cuenta con Presupuestos aprobados y eso garantiza la gobernabilidad, podría verse acosado por dos flancos: PP y Vox y ERC y Junts. Y eso haría aún más difícil llegar hasta el final.