Once detenidos en una operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Cornellà

La Policía Nacional registró este lunes dependencias del Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat, por un presunto caso de contratación irregular. Las pesquisas nacen de la causa abierta en un juzgado de l'Hospitalet en la que están inmerso altos cargos municipales de esta localidad, aunque esta nueva operación la dirige un juzgado de Cornellà. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Los agentes detuvieron a 11 personas, entre ellas al teniente de alcalde y concejal de Economía de Cornellà, Sergio Fernández, al concejal de Deportes José Manuel Parrado y a técnicos municipales. Cuatro de ellos pasarán a disposición judicial.

Tres furgones de la Policía Nacional se personaron en las puertas del Ayuntamiento de Cornellà a las nueve de la mañana. Tras entrar en el edificio, se dirigieron a la Concejalía de Deportes. Los agentes Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se incautaron de expedientes administrativos y dispositivos informáticos durante las nueve horas de registro. El Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà investiga si se han cometido los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la administración pública.

En la causa que se tramita en el juzgado de l'Hospitalet, en la que están imputados desde el teniente de alcalde Cristian Alcázar hasta la misma alcaldesa, Núria Marín, figuran documentación y correos electrónicos sobre un contrato de servicios por parte del Ayuntamiento de Cornellà al Consell Esportiu de L'Hospitalet por un importe de unos 80.000 euros. Esta línea de investigación es la que ha originado el registro del Ayuntamiento de Cornellà.

El contrato y el aval

La policía ha seguido la pista de un contrato de arbitrajes de juegos escolares que el Consell Esportiu de l'Hospitalet formalizó en 2018 con el Ayuntamiento de Cornellà y por el que se tramitó una póliza de crédito de 25.000 euros y un aval. La sospecha radica en que podría ser falsa un acta de la junta de la entidad de promoción del deporte para formalizar las autorizaciones y apoderamientos necesarios para que una persona fuera al notario y constituyera el aval que debía presentarse en Cornellà para llevar a cabo ese contrato de arbitraje. Este documento fue firmado por el actual teniente de alcalde de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, que era presidente del Consell, según la policía.

La jueza de l'Hospitalet abrió una pieza separada y se inhibió en favor de un homólogo de Cornellà. En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Cornellà entregó la documentación requerida sobre el referido contrato. El Consell Esportiu de L'Hospitalet es la única entidad que se presentó a esa convocatoria. Según los correos electrónicos que se encuentran en la causa, los responsables de esta entidad habrían sido guiados por funcionarios de consistorio de Cornellà para obtener la adjudicación de este servicio.

"Figura instrumental"

En un atestado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la UDEF señala que "existen dudas razonables sobre la efectiva prestación de los servicios contratados" con el Ayuntamiento de Cornellà y que, más bien, obedecen a una "mera figura instrumental" para desviar un porcentaje del 10% de beneficio al Consell Esportiu de L'Hospitalet, lo que califican de "mordida". En el centro de la trama, los investigadores sitúan a Eduard Galí, director del Consell Esportiu de L'Hospitalet, que actuó en "connivencia" con cargos del consistorio de Cornellà para "una vinculación ficticia entre órgano público y privado". Otra rama de la investigación se centra en el Consell Esportiu del Baix Llobregat, que también ha sido registrado y donde se han producido dos detenciones. Es una entidad sin ánimo de lucro, a semejanza del de L'Hospitalet de Llobregat.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà lamenta esta situación y manifiesta "su convicción de que ha actuado de forma correcta en todo momento". Afirma que mantiene "la máxima tranquilidad respecto de la acción judicial" porque, a su entender, esos contratos "se tramitaron y aprobaron de acuerdo con el procedimiento legal establecido".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el partido tendrá la máxima colaboración con las autoridades judiciales, tal y como ha ocurrido en la causa abierta en el juzgado de l'Hospitalet. "Tengo la tranquilidad de que pienso que las cosas se han hecho correctamente, y si no ha sido así queremos ser los primeros en colaborar para que se averigüe y corregirlo. Es la misma actitud que hemos visto en el alcalde de Cornellà", Antonio Balmón, según informa Daniel G. Sastre.