El Parlament activó el protocolo contra el acoso psicológico por una queja sobre Bayona

El duro cruce de acusaciones desatado el martes entre el exletrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y la secretaria general de la institución, Esther Andreu, por la falta de transparencia respecto a las licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que se acogen 21 funcionarios que supone 1,7 millones de euros para la Cámara, esconde una situación que la institución aborda ya como un caso de acoso laboral.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Mesa acordó el 18 de enero, antes de recibir la carta de Bayona, encargar a la secretaria general que pusiera en marcha el protocolo para la prevención, la detección, el abordaje y la resolución de situaciones de acoso psicológico tras la queja de la archivera Blanca Martínez sobre los comportamientos del letrado. Ella, junto a Bayona y otra letrada, Anna Casas, conformaban el Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (OGDAIP) y los tres dimitieron a cuentagotas, y por motivos distintos, en el embrollo por la publicación de las licencias por edad que destapó el diario Ara. Ahora este procedimiento se activa para dilucidar si se abre o no expediente contra Bayona y se sigue el trámite que establece el plan.

El 25 de noviembre la archivera, que trabaja en la dirección de estudios parlamentaros bajo las órdenes de la Coordinadora Executiva y que había sido subordinada de Bayona cuando fue este dejó el cargo como letrado mayor, presentó ante la Secretaria General su renuncia como miembro del OGDAIP. En el escrito de su dimisión, al que ha tenido acceso este diario, Martínez revela que recibió “una respuesta extemporánea y desmesurada, con acusaciones inconcretas pero contundentes de no actuar con imparcialidad y de deslealtad”. Una situación que considera que “no es propia de quien pertenece a un órgano colegiado que, como tal, tiene que tener los fundamentos de su trabajo, el debate y el consenso y que debería de basar su funcionamiento en el respeto a las personas, sus ideas y la libertad de expresarlas”.

En un correo enviado cuando la información sobre las licencias por edad ya era pública, la archivera aclara al personal del Parlament que dimitió porque su criterio dentro del OGDAIP no era escuchado “de igual manera” al no ser letrada y por las “malas formas” de su compañero al no aceptar discrepancias sobre cómo proceder a responder a las peticiones de información del diario. Por todo esto, la Mesa solicitó que se activara el protocolo contra el acoso psicológico, siendo esta la primera vez que se pone en marcha porque fue aprobado el pasado 21 de diciembre. Además, pide a la secretaria general que entregue a la Mesa el escrito de dimisión de Martínez, así como el de Bayona, que renunció al cargo dentro del órgano de transparencia el 23 de diciembre. Un mes después. 

La versión de Bayona

El relato de Bayona, según su misiva, es que la dimisión de Martínez provoca el “bloqueo” del organismo de transparencia. Pero Andreu, en su comunicado, lo niega “rotundamente”. De hecho, la secretaria general asegura que el motivo que dio lugar a la parálisis fue otro muy distinto: “la actitud y el comportamiento del letrado respecto a otra miembro de este órgano”. 

Sobre esto, ya se había pronunciado antes Bayona: “Querría señalar, por último, que considero muy grave que la Secretaría General utilizara ante la Mesa el escrito de renuncia de la archivera -que tenía en su poder desde hacía dos meses– sin haberle dado ninguna tramitación. Si este escrito era “sensible” se injustificado haberlo retenido. Quizás hay otra explicación”, deja caer. Y prosigue, ya anticipándose a un posterior comunicado de Andreu: “Considero especialmente grave que la Secretaria General hiciera una lectura parcial de este escrito para deducir del mismo supuesto acoso laboral imputable a mi persona”. De ahí que exija una investigación interna porque considera que la secretaria general ha ido “en contra de las elementales normas de la función pública que exigen el respeto a los subordinados y a los procedimientos de tipo disciplinario, que se basan en la confidencialidad y la presunción de inocencia”.

Tras varios intercambios de información que según Bayona eran incompletos, y “no compatibles con el principio de independencia”, el letrado acaba presentando su dimisión con un escrito a la Mesa el 23 de diciembre en el que alega que “este órgano no estaba en condiciones de garantizar el cumplimiento de sus resoluciones”.

En el cruce de acusaciones, Bayona niega que fuera él el responsable de que la información no se diera y que se pusiera en duda su “propio carácter como persona y funcionario”. Andreu, en cambio, ofrece otra versión y asegura que el letrado “se pone en una posición de superioridad jurídica y moral, considerándose en posesión de la verdad, sin aceptar las diversas interpretaciones que pueden contener los textos de naturaleza jurídica, y no asumiendo ningún tipo de implicación en el bloqueo del OGDAIP del que forma parte”. 

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