Inmersión lingüística: 15 años de consenso y 24 de politización del catalán

A la pregunta de cuándo se hizo añicos el consenso político en torno al catalán y al sistema educativo de inmersión lingüística, la respuesta es que este jueves se cumplen 24 años de ese momento. El 7 de enero de 1998 entró en vigor la ley de política lingüística que rige todavía hoy en Catalunya. El Parlament la había aprobado una semana antes por 102 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Aunque la norma contó con el apoyo del 75% de los diputados, la votación supuso la ruptura de la unanimidad con la que en el mismo hemiciclo, pero en un contexto político y social muy distinto, se había alumbrado 15 años atrás la primera gran regulación del uso del catalán: la ley de normalización lingüística.

Ejemplifica bien el contraste entre un contexto y otro el cambio del vocablo 'normalización' por el de 'política' entre la primera norma y su sucesora. 'Ningún diputado dijo 'no' a la ley del catalán' se pudo leer en la portada de EL PERIÓDICO el 7 de abril de 1983, junto a una foto de los diputados puestos en pie y bajo este titular principal: 'Vapuleo a Armada en el juicio ante el Supremo'. En una España que todavía juzgaba el 23-F, el Parlament refrendaba con el voto afirmativo de todos los partidos y una sola abstención la ley que cimentó la inmersión lingüística en las aulas.

Extracto de la ley de normalización lingüística de 1983

Un diputado no adscrito, Joan Besa, ex del CDS, impidió la unanimidad pese a reconocer que estaba conforme con la mayoría de artículos, pero no con la exposición de motivos, que tildó de "revanchista". En dicho preámbulo se constataban "las prohibiciones y las persecuciones desatadas contra la lengua y la cultura catalanas a partir de 1939". Un redactado que hoy provocaría urticaria en algunos partidos de derechas, pero que entonces no fue óbice para que los diputados del CDS, de Centristes (marca catalana de UCD) y de Alianza Popular avalasen el texto.

Cesiones de todos los partidos

El debate parlamentario evidenció que todos los grupos habían renunciado a parte de sus planteamientos en pos del consenso. Por eso el diputado de ERC Marçal Casanovas la consideró una "ley de mínimos" que se quedaba "corta", pero la "aceptó" porque el resto de partidos también habían hecho concesiones. Y por eso la histórica diputada del PSC Marta Mata, que jugó un papel clave en la forja del modelo de inmersión, ensalzó la norma pese a que no se le aceptó una enmienda para garantizar que los alumnos no fuesen "separados en aulas por motivos lingüísticos".

Crónica de la aprobación de ley de normalización lingüística en EL PERIÓDICO, en 1983

El capítulo educativo se llevó el protagonismo del pleno gracias a una elocuente anécdota que expuso la diputada del PSUC Teresa Eulàlia Calzada: una escuela del Vallès había respondido a unos padres que pretendían matricular a su hija en catalán que no era posible la inscripción porque no había ningún curso de su nivel que se impartiera en esa lengua, a no ser que se conformaran a que la niña fuera escolarizada en castellano. "Esta carta tiene que ser irrepetible", zanjó Calzada.

Incomodidad general

Irrepetible fue también aquel consenso de 1983, fraguado tras dos años y medio de negociaciones en la primera legislatura tras la restauración de la Generalitat. 15 años después, con Jordi Pujol aún de 'president' pero ahora del brazo del PP para gobernar, el Parlament dio a luz una ley de política lingüística que rechazaron, por razones diametralmente opuestas, el PP de Alejo Vidal-Quadras y la ERC de Josep Lluís Carod-Rovira. El bloque del 'sí' lo formaron CiU, el PSC, la Iniciativa de Rafael Ribó y el Partit per la Independència de Àngel Colom.

Portada de EL PERIÓDICO del 30 de diciembre de 1997

El debate dejó a las claras la incomodidad vivida durante los 10 meses de elaboración del texto y una sensación agridulce por el desenlace, incluso entre quienes apoyaban una norma que puede considerarse el origen la politización lingüística. El PP vendió dentro y fuera de Catalunya que la ley acabaría con la "convivencia" porque perseguiría con multas a los comerciantes que no rotulasen solo en catalán; ERC diagnosticó la "muerte a plazos" de la lengua y acusó a Iniciativa de "thatcherismo lingüístico" por rechazar una norma más estricta.

Extracto de la ley de política lingüística de 1998

De las escuelas se habló poco en aquella sesión celebrada el penúltimo día de 1997. Quizá sería porque, a pesar de los argumentarios partidistas de unos y otros, el apartado dedicado a la educación sufrió pocas variaciones de la primera ley a la segunda. Ambos textos dejaban claro que los niños "tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano", y que el alumnado "no debe ser separado en centros ni en grupos diferentes por razón de su lengua habitual". Sí se matizó alguna cosa: la norma actual fija que las dos lenguas deben tener una "presencia adecuada" en los planes de estudio, mientras que la ley de 1983 explicitaba que debían "ser enseñadas obligatoriamente".

Por cierto, en el toma y daca político en que se gestó la ley vigente ya se dejaban oír y ver entidades de uno y otro signo. El Foro Babel tachó al PSC de "sumisión" al nacionalismo y la Plataforma per la Llengua regaló carbón a los diputados a las puertas del Parlament. El catalán se había convertido en arma política 15 años después del histórico consenso. Y todavía faltaba por llegar Ciutadans. Y el 'procés'.

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