Investigación

Juan Ignacio Campos y el enigma de Zagatka

El teniente fiscal falleció horas después de recibir en mano la comisión rogatoria de Suiza pendiente sobre datos de 2014 y 2015 de la fundación que pagó el alquiler de aviones de Juan Carlos I por casi 9 millones de euros entre 2009 y 2018

Juan Ignacio Campos pertenece a la Union Progresista de Fiscales

Juan Ignacio Campos pertenece a la Union Progresista de Fiscales / EFE

Ernesto Ekaizer

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El miércoles 15 de diciembre fue un día trágico.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1950), recibió por la mañana en su despacho de la calle de Fortuny los documentos de la respuesta del fiscal de Ginebra Yves Bertossa que esperaba para analizar con los inspectores de Hacienda un aspecto clave de las diligencias de investigación sobre presuntas actividades delictivas de Juan Carlos I. Unas diligencias en las que el rey emérito nunca ha sido imputado/investigado procesalmente hablando.

Esos datos fueron solicitados en una petición complementaria de auxilio judicial tras la primera comisión rogatoria del 24 de febrero de 2021. En aquella solicitud, se apuntaba de que existían “indicios” de que la fortuna de Juan Carlos I ha tenido su origen en “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.

Los beneficiarios

Por ello, solicitaba información sobre la fundación Zagatka ('enigma', en ruso) creada en 2003 por Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I, siendo él el primer beneficiario; su hijo, el segundo; Juan Carlos I, el tercero; cuarto, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón; y quintas, las infantas Elena y Cristina.

En el reglamento de la fundación se explica que “la presente atribución de bienes a favor del tercer beneficiario [Juan Carlos I] por parte del primer beneficiario se efectúa debido a su sentimiento de admiración y reconocimiento por haber abierto para España el camino de la libertad y haber llevado al país, con su constancia, habilidad y humanidad, restableciendo las libertades públicas y un régimen parlamentario, hasta la democratización”.

Extracto de una cuenta de la fundación Zagatka, de la que era beneficiario el rey Juan Carlos

En la investigación del fiscal Bertossa, que obtuvo los documentos de Zagatka en un registro de la oficina de sus gestor --Arturo Gianfranco Fasana--, se pudo saber que la fundación había pagado hasta 9 millones de euros en alquiler de jets privados entre 2009 y 2018 para viajes de Juan Carlos.

La petición a Suiza

El 24 de febrero, según se ha apuntado, Campos dio luz verde a esa primera comisión rogatoria.

“La fundación Zagatka es titular de las cuentas 0251-798208-9, abierta en el Credit Suisse, y 52495500, abierta en Lombard Odier, desde donde se sospecha que se han transferido los expresados fondos [presuntas comisiones]. Para su constatación se precisa el análisis de la documentación acreditativa de los movimientos de dichas cuentas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los movimientos e información de la existencia de otras cuentas titularidad de dicha fundación, si las hubiera”.

Un día más tarde, el 25 de febrero de 2021, tras meses en los que los medios de comunicación informaron sobre esta fundación, el abogado Javier Sánchez-Junco presentó, de parte de Juan Carlos I, regularización a Hacienda por el valor de 4.395.901,96 euros en concepto de pagos en especie de dicha fundación al rey emérito, que, a su vez, era tercer beneficiario de la misma.

Una de las exigencias para dar por buena una regularización fiscal es que sea espontánea, veraz y completa. Campos, tras llegar la comisión rogatoria en junio pasado, analizó con los expertos de Hacienda los datos. Problema: faltaban los ejercicios 2014 y 2015. Por eso se cursó una petición complementaria al fiscal Bertossa, que no llegó hasta el pasado miércoles y por lo cual se prorrogan por seis meses más las dirigencias.

El decreto de prórroga

El pasado martes, sobre las 12 del mediodía, este cronista, al que Juan Ignacio Campos ya había explicado la imposibilidad de acabar la investigación, preguntó por la situación del procedimiento tras el archivo de la causa sobre el AVE La Meca-Medina en Suiza.

“Seguimos pendientes de unas diligencias que hemos solicitado a Suiza y hasta que no lleguen no queríamos quedarnos con una cierta sensación de vacío, que en realidad no lo es tanto, pero yo prefiero curarme en salud y entonces pido la prórroga de las diligencias y punto”.

Añadió: “El decreto de prórroga lo está confeccionando un fiscal de mi equipo, y saldrá esta semana. Es una prórroga de las dos diligencias que vencen. Pero, bueno, por un quítame allá esas pajas no me parece que haya que discutir. En el momento en que tengamos todas las diligencias que hemos pedido tomaremos la decisión y, probablemente, entonces no necesitaremos prórroga, o sí, dependiendo de cual sea la naturaleza de la información que recibamos”.

La decisión de archivar

Campos explicó que “la decisión preliminar de archivo sigue vigente, aun cuando estamos pendientes de estos datos, fundamentalmente del año 2015, y no tanto porque es un ejercicio que está sin prescribir, sino porque necesitamos una información completa. Cuando empezamos a valorar con los peritos de Hacienda, vimos que faltaba el 2015. Y entonces precisamos en una nueva solicitud a Suiza que necesitamos esos datos”.

El miércoles 15 fue, pues, un día trágico. Juan Ignacio Campos, sometido a una operación quirúrgica muy seria en julio, se reincorporó al trabajo en el mes de noviembre con la intención de elaborar el informe final sobre las diligencias.

“Si mi salud me lo permite, intento hacer ese informe”, explicó. El azar quiso que recibiera los datos que le faltaban por la mañana, informar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y acudir a una junta general de fiscales del Tribunal Supremo. Tras salir a comer con su esposa, Isabel Rodríguez, también fiscal del Supremo, de regreso a casa, sufrió un infarto antes de entrar en ella.

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