Investigación judicial

La Mesa del Parlament debate este martes por sorpresa una reforma que blindaría a Borràs

Los servicios jurídicos proponen eliminar del reglamento la alusión a la corrupción como causa para suspender a un diputado

Laura Borrás, presidenta del Parlament de Catalunya

Laura Borrás, presidenta del Parlament de Catalunya / Job Vermeulen

Daniel G. Sastre

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La Mesa del Parlament debatirá este martes por sorpresa un informe que puede evitar que Laura Borràs deje su acta de diputada cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le abra juicio oral. La presidenta de la Cámara, imputada por fracturar contratos para presuntamente favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, podría beneficiarse de un cambio en el reglamento que la blindaría hasta que haya sentencia firme.

Con el pretexto de hacer una "revisión técnica de los artículos del Parlament que planteaban problemas de aplicación o interpretación" la Mesa pidió el pasado 1 de septiembre un documento con propuestas alternativas a los servicios jurídicos de la Cámara. Pese a que el informe tiene fecha del 20 de septiembre, fuentes del órgano rector del Parlament explican que este lunes se introdujo de improviso en el orden del día de la reunión de la Mesa.

El artículo 25

El documento propone cambios para mejorar el funcionamiento de la Cámara tras la pandemia de covid, la equidad de género o los aspectos lingüísticos, entre otros, pero la modificación que beneficiaría a Borràs sería la del artículo 25 del reglamento del Parlament. Los servicios jurídicos proponen, dentro del apartado de "propuestas de adecuación al ordenamiento jurídico vigente", que se elimine todo un punto del reglamento.

En concreto, el que afirma: "En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Y que continúa con que "si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hace falta el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados".

"Sin precedentes"

Es el caso de Borràs, que está a la espera de que el TSJC abra juicio oral contra ella, presumiblemente en los próximos meses. Los servicios jurídicos del Parlament proponen eliminar ese punto porque "no tiene ningún precedente ni referente en nuestro derecho parlamentario". "Contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental (el de participación política) que presenta serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental", dice el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en consonancia con lo que ha defendido la presidenta del Parlament.

En ese texto también desaparece del artículo 25 otra referencia que podría perjudicar a Borràs. Se trata de la alusión a que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados".

De producirse, esas modificaciones chocarían con las promesas de regeneración de los partidos, que por norma general han aceptado para suspender la militancia de un dirigente la referencia del auto de procesamiento o de la apertura del juicio oral. Fuentes parlamentarias explicaron que los partidos no han recibido hasta este lunes por la tarde el informe que se verá al día siguiente en la Mesa.

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