En el caso 3%
El juez pide a 21 entidades documentación sobre la presunta financiación ilegal de CDC a través de Triacom
Dirige requerimientos a empresas e instituciones para recabar contratos entre los años 2008 y 2016
Pide documentación al Ayuntamiento de Barcelona durante el tiempo que era alcalde Xavier Trias
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Oriol Carbó, en septiembre, cuando declaró en la Audiencia Nacional / periodico
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
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Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado un total de 21 requerimientos a distintas entidades, entre las que se encuentran empresas, como Mediapro, Benito Arnó y la propia Triacom Audivisual, pero también instituciones, como distintos departamentos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, este último por contratos realizados en los años en que era alcalde Xavier Trias. El objetivo del magistrado es obtener información con la que poder avanzar en la investigación que tiene abierta sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de Triacom.
Los requerimientos, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción y remitidos a través de equipos mixtos de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, han sido también recibidos por el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, la Corporación de Mitjans Audiovisuals y la Sindicatura de Comptes, entre otros. A diferencia del grueso del caso 3%, cuya instrucción ya se dio por concluida por el magistrado que antecedió a Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5, la pieza relativa a Triacom sigue abierta.
En ella se investiga "una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. En vez hacerse a través de donaciones a sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, el juez explia que se recurrió a Triacom Audiovisual y en particular a su representante, Oriol Carbó, que también fue gerente de TV-3. Así se pagó a Joan Manuel Parra la deuda que el partido contrajo con su empresa de producción audiovisual, Hispart, por la campaña electoral de 2010. Fueron 750.000 euros que Triacom pagó en beneficio de CDC a través de facturas falsas.
Próximos al partido
Según consta en el auto en el que acuerdan los requerimientos, al que ha tenido acceso este diario, durante la instrucción se ha detectado "un posible patrón de actuación que revela que Triacom habría sido utilizada para cumplir distintas funciones", además de cubrir la deuda contraída por CDC. Uno era recibir el dinero que en realidad respondía a donaciones de ciertas empresas, como Telefónica, y otro pagar los gastos particulares de personas "ligadas directa e indirectamente" al partido. La resolución menciona al alcalde de Fondarella, Joan Reñe; a Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, imputado en el caso al que da nombre su familia, y a Sandra Buevaron, esposa del exalto cargo convergente David Madí, imputado en el caso Voloh.
En la pieza principal del caso 3% el juez ya propuso juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergència y el PDECat, por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el sistema que utilizaron para financiar "al menos durante 11 años" a Convergència "ilegalmente y en forma encubierta".
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