En el pleno de octubre
El TC se prepara para declarar inconstitucional también el segundo estado de alarma
La propuesta del ponente difiere de la sentencia que anuló el primero en la falta de comparecencias en el Congreso
Pese a que aún no hay sentencia, el PP y Vox ya han empezado a reclamar la dimisión del ministro de la Presidencia
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El Tribunal Constitucional se prepara para pronunciarse contra el segundo estado de alarma a partir de una ponencia en la que se propone declarar su inconstitucionalidad, como se hizo con el primero, aunque por distintas razones. La sentencia que declaró en julio inconstitucional el estado con el que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó en un primer momento a la pandemia entendía que la limitación de derechos que se estableció suponía en realidad una suspensión, que eso solo podía acordarse con un estado de excepción. En esta ocasión, en cambio, el motivo de la inconstitucionalidad se centrará, de aceptarse el criterio del ponente, en la ausencia de comparecencias por el Ejecutivo para dar cuenta de su evolución.
El alto tribunal ha señalado que el asunto no será tratado en el pleno de septiembre, previsto para la próxima semana, porque quedaron recursos pendientes en la sesión previa al descanso estival. De hecho aún no han comenzado las deliberaciones entre los magistrados, que ni siquiera cuentan con el texto íntegro de la ponencia del magistrado Antonio Narváez.
La sentencia no se dictará hasta al menos octubre, pero la previsión de que suponga un revés al Gobierno de Sánchez ya ha servido para que sea esgrimida en el Congreso por la oposición para reclamar la dimisión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha espetado que de confirmarse la inconstitucionalidad "sólo le quedará la salida de la dimisión!" y la diputada de Vox Macarena Olona ha optado por no esperar al considerarle responsable del primer estado de alarma ya declarado ilegal.
Por seis meses
La propuesta de resolución que será estudiada por los magistrados del Constitucional pasa, según ha adelantado ABC, por estimar dos de los tres argumentos en los que Vox recurría el estado de alarma que comenzó el 25 de octubre y se prolongó durante seis meses, sin necesidad de prórrogas periódicas, como el primero, y sin que el presidente del Gobierno compareciera con la misma asiduidad, punto en el que en esta ocasión se centrará, según las fuentes consultadas, el motivo de inconstitucionalidad que fijará el alto tribunal.
El otro se basaría en la limitación de derechos realizada por las comunidades autónomas sin tener competencias para ello. No se da la razón a Vox en que la limitación de derechos tuvo una gravedad semejante al confinamiento que se vivió durante el primer estado de alarma, de ahí que el establecimiento de las medidas a través de un estado de alarma se considere suficiente, a diferencia de lo que entendieron respecto al primero seis de los 11 magistrados que forman actualmente el pleno del alto tribunal.
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