La Delegación del Gobierno desmiente la versión de la Generalitat sobre la demora en la vacunación de Policía y Guardia Civil

El retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, cerca de 7.000, sigue generando controversia. La delegación del Gobierno en Catalunya ha salido al paso de la versión de la Generalitat para explicar esa demora, y ha asegurado que no hubo retrasos en la entrega de las listas de los nombres de los agentes, como sostiene el Govern.

Después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) diera el miércoles diez días a la Generalitat para que, "sin excusa alguna", garantice "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Catalunya con la misma proporción que los Mossos d'Esquadra, el Ejecutivo catalán y la Delegación del Gobierno han mantenido versiones contrapuestas sobre este retraso.

El secretario de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, aseguró el miércoles que la Generalitat acataría la orden del TSJC pero atribuyó el retraso en la inmunización a la Guardia Civil y la Policía Nacional en el inicio del proceso de vacunación a la demora en recibir las listas de agentes. "Parece que llegó tarde", dijo.

Argimon, que se escudó también en los cambios con el suministro de AstraZeneca -que pasaron a ser para mayores de 60 años-, advirtió además de que vacunar ahora a la Guardia Civil y la Policía Nacional para llegar al mismo porcentaje que a los Mossos (vacunados en cerca de un 80%) implicará retrasar las dosis para los mayores de 70 años, ante lo que Cs ha pedido su cese y el sindicato policial SUP ha exigido que se retracte.

También el 'conseller' de Interior, Miquel Sàmper, sostuvo el pasado fin de semana que cuando comenzó ese proceso de vacunación se detectó "un problema en el censo" de los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados a Catalunya.

Cunillera escribió a Sàmper en febrero

Sin embargo, fuentes de la delegación del Gobierno consultadas por Efe han negado demoras en la entrega de las listas y han detallado que cuando el 10 de febrero se inició la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña, fue la propia delegada, Teresa Cunillera, quien tomó la iniciativa y remitió una carta a Sàmper para solicitar información sobre cuándo inmunizarían a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La Generalitat contestó el 12 de febrero anunciando que tres días después -el 15 de febrero- se pondrían en contacto para iniciar los trámites.

La Delegación del Gobierno trasladó el 16 de febrero a Interior todas las personas de contacto para coordinar la programación, si bien no fue hasta el 24 de febrero cuando Interior y Salut les convocaron a una reunión para abordar la cuestión, cuando ya hacía quince días que se estaba vacunando a los cuerpos de seguridad y emergencias en Cataluña.

En la reunión, que finalmente se celebró el 4 de marzo, la Policía Nacional y la Guardia Civil facilitaron todo el personal e infraestructura para poderse vacunar y se planificó un dispositivo para agrupar a los 7.000 agentes de ambos cuerpos en nueve grupos, algunos con hasta 1.300 efectivos, en un esfuerzo para unificarlos siguiendo las indicaciones de la Generalitat, según las fuentes.

Del 5 al 23 de marzo se llevaron a cabo numerosos contactos y gestiones para planificar la vacunación para los días 25, 26 y 29 de ese mes -un mes y medio después de que se iniciara la inmunización de los cuerpos de seguridad en Catalunya-.

Intentos infructuosos

Durante esos días hubo algunos intentos para hacer vacunaciones en algunos puntos clave, como el Aeropuerto de Barcelona, aunque resultaron infructuosas ya que la Generalitat alegó que estaba a la espera de la validación del plan, según las fuentes.

Finalmente, el 24 de marzo por la tarde, antes de iniciarse la vacunación, la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron órdenes de la Conselleria de Salut para desprogramar toda la vacunación de los menores de 60 años -que son la mayoría-, según las fuentes.

La Delegación del Gobierno pidió explicaciones, que no llegaron hasta el pasado 8 de abril, cuando la Generalitat les notificó que se recomendaba no administrar AstraZeneca a los menores de 60 años.

Una vez el TSJC ha ordenado a la Generalitat que vacune de forma urgente y generalizada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, Cunillera ha remitido una carta a la 'consellera' de Salut, Alba Vergés, en que se pone a su disposición para volver a ofrecer la "colaboración necesaria" para que este proceso se lleve a cabo "lo antes posible".

Por el momento, la única respuesta que ha recibido Cunillera ha sido un correo electrónico de la oficina de la secretaría de Vergés en que se limitan a acusar recepción de su comunicación y le informan de que han dado traslado de su contenido a la dirección correspondiente del Departamento, para que pueda hacer "las valoraciones y gestiones" oportunas.

Por su parte, fuentes de Salut han indicado que, como el tema está judicializado, únicamente informarán del proceso de vacunación de estos efectivos policiales al TSJC cuando corresponda.

Paralelamente, el sindicato CCOO de Bombers de la Generalitat ha remitido una carta a los departamentos de Interior y Salut y a los mandos de este cuerpo para que se vacune de forma "ultrainmediata" a los efectivos pendientes de recibir la dosis, el 30% del total de la plantilla.