Condena institucional de la violencia en mitad de la refriega política

La escalada de violencia en las manifestaciones de los últimos días en Barcelona ha cogido a los partidos políticos en plenas negociaciones para formar el nuevo Govern. Y en este periodo siempre confuso, de propuestas y contrapropuestas –también en el ámbito de la seguridad-, amplios sectores económicos echaban de menos una contundencia mayor por parte de las instituciones contra los disturbios. La concentración del sábado, en la que se intentó prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro, marcó un punto de inflexión, y este lunes los principales responsables del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona quisieron condenar con claridad los altercados.

La reunión entre el ‘president’ en funciones, Pere Aragonès (ERC), la portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (‘comuns’), y el teniente de alcalde de Seguridad de la ciudad, Albert Batlle (en la órbita socialista), tenía además la virtud de que agrupaba a representantes de las principales fuerzas políticas. Pero del encuentro, en el que también participaron responsables policiales, no salieron compromisos concretos, más allá de la condena de la violencia.

Colau: "La violencia nunca es el camino"

“El derecho a la protesta es una cosa, la libertad es otra”, dijeron tanto Sàmper como Colau. “La violencia nunca es el camino, y menos cuando pone en riesgo la vida de las personas”, insistió la alcaldesa.

Tras confirmar la participación de “anarquistas italianos y franceses” en los disturbios, y de acusar a "las juventudes de la CUP" de ser uno de los grupos que alientan las protestas, al ‘conseller’ de Interior se le preguntó por el debate abierto acerca de los métodos de los Mossos d’Esquadra. Y Sàmper se pronunció contra la posibilidad de promover una moratoria urgente en el uso de balas de foam. “No es el momento de ponerlo sobre la mesa. El debate sobre el modelo de orden público tiene que ser sereno, deben intervenir todos”, dijo. En su opinión, el asunto debería tratarse con calma en el Parlament.

También aseguró que desde que hace dos semanas un grupo de manifestantes atacaran una comisaría en Vic, la Conselleria d’Interior trabaja por la seguridad de sus agentes. “No puede ser que los que preservan la seguridad de un país no estén seguros”, afirmó para salir al paso de las críticas a su dirigencia política de sectores de la policía catalana.

La CUP dribla la condena

Las palabras de Sàmper dejaban claro que en la reunión de este lunes faltaba un actor decisivo en estos días de negociaciones poselectorales: la CUP, cuyos nueve diputados son imprescindibles para completar la mayoría independentista. Y el ‘dribling’ de ese partido a la hora de condenar la violencia persiste. "Las chispas que estallan cuando hay malestar social son un fenómeno que pasa en todas las sociedades. Reducirlo a un tema de vandalismo, escandalizarnos y solo atacar esto, es absolutamente irresponsable", dijo Sabater en una entrevista en TV-3 en la que pidió analizar la “causa” que en su opinión desata los altercados en las calles: la “precariedad” socioeconómica. Los anticapitalistas exigen que los protocolos de la policía catalana sea “transparentes” y que desde el futuro Govern se construya un modelo policial “preventivo, no reactivo”. Los disturbios impactan de lleno en la negociación para la configuración del Ejecutivo tras las elecciones del 14-F, pero por ahora no complican la relación con Esquerra.

Eso sí, Sabater sostuvo que "poner en riesgo una vida es un límite", equiparando al agente que tuvo que salir del furgón de la Guardia Urbana en llamas a la manifestante que perdió un ojo probablemente por el impacto de una bala de foam.

Vaivenes en JxCat

JxCat llegaba a la cumbre institucional en un contexto de cambio notable. Apenas diez días después de un duro comunicado del partido de Carles Puigdemont sobre la gestión de los Mossos, y de que el propio Sàmper reclamara una revisión "urgente" e inaplazable del modelo de seguridad ciudadana, este lunes el partido independentista cerró filas con la policía. El ‘conseller’ de Interior defendió la labor policial frente al presunto preacuerdo entre ERC y la CUP para, entre otras cuestiones, la moratoria en el uso de las balas de foam o para evitar que los antidisturbios intervengan en desahucios ordenados por un juez. Sàmper sugirió que si no se puede usar el 'foam', los Mossos deberán lanzar gas pimienta.

El mensaje es muy distinto al de hace tan solo unos días. El cambio vino motivado tanto por el malestar interno en Junts como por el ataque al furgón de la Guardia Urbana, hecho que motivó una condena rotunda de la portavoz de Junts y concejal en Barcelona, Elsa Artadi.

Estos vaivenes de Junts son el reflejo de la heterogeneidad en el seno de un partido en el que conviven posiciones muy críticas con los Mossos –se llegó a exigir la dimisión del entonces 'conseller' Miquel Buch tras las cargas policiales en las manifestaciones por la sentencia del 'procés'- con otras que defienden con vehemencia a la policía frente a los altercados y la violencia.