Los servicios jurídicos del Govern pedían "un plus de motivación" para suspender el 14-F

En un informe de 13 páginas sobre la decisión del Govern de suspender las elecciones previstas para el 14 de febrero, los servicios jurídicos de la Generalitat, dependientes de la Conselleria de Presidència, en manos de JxCat, defienden la legalidad de esta medida y sostienen que "la viabilidad de que una impugnación o medida cautelar prosperase sería muy reducida si la decisión adoptada se halla legitimada intrínsecamente y extrínsecamente tanto respecto al procedimiento seguido, con la congruencia entre los informes emitidos y las decisiones adoptadas, y especialmente atendiendo a la eventual coincidencia de la decisión con el posicionamiento que hayan adoptado los partidos políticos con representación parlamentaria".

Los servicios jurídicos sostienen que "la competencia para dejar sin efecto" las elecciones del Parlament corresponde al vicepresidente del Govern en este caso, dada la situación generada tras la inhabilitación del 'expresident' Quim Torra. El informe defiende que se optase por "dejar sin efecto" el 14-F, para dejar claro que se anula la convocatoria con la obligación de convocar otra.

El documento sostiene que "la inexistencia de procedimiento reglado no excluye que este deba incorporar las máximas garantías procedimentales que permitan que la decisión adoptada no solo esté fundamentada, sino que se derive del análisis de los elementos fácticos, técnicos y jurídicos que permita concluir que la suspensión de unas elecciones es la mejor opción posible". El decreto de suspensión "debería contener un plus de motivación", con varios informes de Salut.

Evitar demoras "indefinidas"

Los servicios jurídicos del Govern también advertían de que -como sucedió en el decreto de suspensión de las elecciones- esta resolución podía "concretar una nueva fecha o establecer de manera objetiva los parámetros que permitan realizar una nueva convocatoria. En cualquier caso, se trata de un extremo que se ha de incluir necesariamente para evitar una demora indefinida o no sometida a parámetros objetivos". Que se incluya una fecha cierta "reduce la discrecionalidad administrativa", apunta el documento, que advierte de que ello es importante dado que "la suspensión de unas elecciones convocadas tensiona el principio democrático".

El texto cita precedentes como el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, así como la suspensión de las elecciones vascas y gallegas del año pasado. También recuerda que el decreto que convocó al 14-F incluyó -en su exposición de motivos- la posibilidad de posponer la fecha.