L'Hospitalet de Llobregat
La jueza cita como imputada a Núria Marín en el caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet
La togada atribuye a la edil socialista "connivencia" con directivos de la entidad
También deberá declarar el director general d'Esport, Gerard Figueras
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La jueza de instrucción de L'Hospitalet de Llobregat que investiga la presunta malversación de fondos públicos y apropiación indebida en el Consell Esportiu del municipio ha citado a declarar como imputada a la alcaldesa de la localidad, la socialista Núria Marín, así como al secretario general del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, entre otras personas. Ambos deberán acudir ante la magistrada el próximo 9 de abril, junto con Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde. Al día siguiente están citados otros ocho investigados en la misma causa.
Alcázar ya declaró en su día como imputado, pero lo volverá a hacer ahora al hallarse nuevos indicios contra él. El 7 de abril también declarará, pero en calidad de testigo, Jaume Graells, que fue quien presentó, el 4 de mayo de 2020, la denuncia por la presunta malversación de fondos que dio origen a la causa. La magistrada ha fijado estas declaraciones tras recibir nuevos informes policiales. Además, ha solicitado al Consell Esportiu, un ente privado de promoción del deporte que se nutre de subvenciones, la identificación de los trabajadores de este organismo y ha autorizado el volcado de los datos del teléfono móvil de Marín.
La togada detalla en el auto del volcado de datos que el presidente del Consell de l'Esport y exregidor, Cristobal Plaza, un de los vocal de este organismo, Cristian Alcaraz, y su director Eduard Galí podrían haber utilizado dinero de la entidad "en provecho propio o de terceros", actuando con "total impunidad" al aprovecharse de su cargo en la entidad y por su condición de miembros del Ayuntamiento. Estos imputados idearon, prosigue el escrito, un sistema de contabilidad "oculto", excluido de control alguno, a la vez que presuntamente falsificaron documentos "para evitar su descubrimiento" por parte del órgano interno que fiscaliza las cuentas.
Actividad ilícita
La misma resolución sostiene que "en el desarrollo de esa actividad aparente ilícita" estos directivos del Consell encausados "habrían contado con la connivencia", entre otras personas, de Núria Marín, quien "habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones" al Consell con fondos públicos del consistorio.
Con este dinero, subraya la jueza, los directivos de esta entidad privada habrían podido continuar con "su actividad defraudadora", ayudando incluso la alcaldesa a evitar que "su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta". Al entender de la magistrada, la edil socialista mantuvo una "conducta omisiva y pasiva" cuando Graells, que era teniente de alcalde, "le traslado de forma directa los hechos cometidos" por los otros imputados.
La alcaldesa de L'Hospitalet fue detenida el pasado 10 de diciembre, cuando acudió a declarar ante la Policía Nacional como investigada ante los agentes, que le atribuyeron los delitos de malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. El caso se remonta a febrero de este año, cuando Graells, exteniente de alcalde de Educación, Juventud y Deportes y miembro de la directiva del Consell Esportiu, le explica a Marín lo que él considera irregularidades en esa entidad, que cuenta con representantes del consistorio, entre ellos Graells, Alcázar y Cristóbal Plaza, exconcejal de Deportes.
La denuncia
Graells denunció que “una parte importante de los ingresos y pagos derivados de la actividad del Consell parece ser que no aparecen ni están vinculados a ningún presupuesto o cierre de ejercicio presentado a los órganos de la entidad". Según él, las “cantidades ocultas” y, por lo tanto, “fuera de control y supervisión por parte de los órganos internos o externos competentes”, pueden ascender aproximadamente a unos 400.000 euros por ejercicio.
La denuncia desencadenó registro y detenciones, entre ellas las de Alcázar, Plaza y Eduard Gali, director del Consell, así como la del director general del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras y, la última, de la propia Marín. Durante el interrogatorio a la alcaldesa, los agentes estaban especialmente interesados en saber por qué Marín no había denunciado los hechos, a lo que la dirigente del PSC explicó todos los pasos que siguió tras conocer las posibles anomalías.
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