Casado se empeña en que la UE ponga condiciones para las ayudas a la reconstrucción
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zentauroepp53867100 madrid 24 06 2020 el l der del pp pablo casado durante 200624093205 / EFE / J. J. GUILLÉN
El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, lleva días pidiéndole al PP que deje de defender en Bruselas que la Unión Europea ponga condiciones al fondo de 750.000 millones de euros para la reconstrucción tras la pandemia. Esos requisitos podrían convertirse en una ristra de obstáculos para poder acceder a las ayudas. Los populares españoles se han alineado con los países que defienden las políticas de austeridad y que consideran que los países del sur (España e Italia, especialmente) no han hecho las reformas necesarias en sus economías cuando tocaba. El PP comparte ese análisis con los gobiernos de Suecia, Austria, Dinamarca y los Países Bajos (un paraíso fiscal, según varias organizaciones internacionales), una posición que Sánchez ha intentado cambiar, sin éxito, estos últimos días. Así se puede ver en las conclusiones de la comisión de reconstrucción que los conservadores españoles registraron anoche en el Congreso de los Diputados, en las que Pablo Casado insiste en que ese dinero conlleve condiciones.
Los diputados del PP que han analizado las políticas europeas han escrito un documento y un decálogo que deja negro sobre blanco la necesidad de que el Gobierno español, en aras de la "responsabilidad y credibilidad", se comprometa a "adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenabilidad de sus cuentas públicas y la eficacia en la ejecución de los fondos que se reciban".
La reforma laboral
El fondo de ayuda, afirman los populares españoles, ha de servir de estímulo "para impulsar unas reformas dirigidas a la sostenibilidad ecológica, la transición digital, el desarrollo económico y el progreso social". Se debe evitar, añaden, que ese dinero se use para "financiar industrias no competitivas o que se empleen en proyectos ajenos al del crecimiento sostenido y de una recuperación a largo plazo". "Los instrumentos comunitarios de financiación han de tener el objetivo de provocar una transformación real de la economía", se puede leer en el documento.
Casado quiere que se mantenga, especialmente, la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy y que el PSOE se ha comprometido a derogar en un pacto con EH Bildu, tal como figuraba ya en el pacto entre los socialistas y Podemos.
Las conclusiones del grupo económico
La comisión de reconstrucción se ha organizado en cuatro grupos: sanidad, economía, políticas sociales y Unión Europea. Y la petición de reformas también se recoge en las conclusiones que el PP ha registrado del grupo económico. En ese documento también se subraya que "es una buena oportunidad para proponer cambios necesarios". "Esas reformas estructurales -- continúa el documento-- que nos demandaban las instituciones internacionales", afirman los conservadores.
Porque según el PP, la pandemia se ha cebado con España porque "no entró en las mejores condiciones en la crisis". "El crecimiento se estaba moderando, la creación de empleo se frenaba y los indicadores macroeconómicos mandaban señales de alarma y marcaban la necesidad de continuar haciendo reformas estructurales que mejoraran la productividad española y permitieran seguir creando empleo para acercarnos a los países de nuestro entorno", han dejado escrito.
Exenciones de impuestos y los ERTES
Los de Casado reclaman un plan fiscal específico, con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, autonómicos y locales que doten de liquidez al sistema. También quieren "bonificaciones fiscales al turismo interior".
Respecto a los ERTES de fuerza mayor, consideran que hay que prorrogarlos hasta fin de año "y si fuera necesario hasta el primer trimestre de 2021". En concreto, estiman, que los sectores de la hostelería y la restauración necesitarían una "flexibilización" de esos ERTES, para adaptar las plantillas al incremento de la demanda.
En el tema sanitario, han redactado más de 80 medidas para paliar las "debilidades" y "reformas pendientes" que ha evidenciado el Sistema Nacional de Salud tras la crisis del covid. Reclaman propuestas como un nuevo modelo de financiación que "permita la sostenibilidad del sistema", protocolos coordinados en caso de rebrotes o más recursos a las residencias de mayores, "potenciando la asistencia sanitaria compartida".
A principios de semana, tanto el PP como el PSOE veían posible llegar a un acuerdo mínimo en ese grupo. Este miércoles, la portavoz conservadora en la comisión, Ana Pastor, y la socialista, Adriana Lastra, se reunieron, se intercambiaron sus documentos de ideas y se emplazaron a hablar en los próximos días.
Medidas específicas en violencia de género
En el capítulo de políticas sociales, el grupo parlamentario del PP apuesta por un plan integral de digitalización, la formación permanente de los docentes en educación digital y un protocolo de prevención y actuación ante el covid para el curso 2020-2021 para la educación superior. En un capítulo sobre la "igualdad efectiva entre mujeres y hombres" subrayan la necesidad de desarrollar por ley nuevas fórmulas para facilitar la conciliación, la corresponsabilidad, el teletrabajo y la racionalización de horarios.
El documento también recuerda la obligación de desarrollar el pacto de estado contra la violencia de género y propone plantear "medidas de protección específicas para pandemias".
Sobre los mayores, piden aprobar una "Estrategia Nacional contra la Soledad Crónica" que preserve y desarrolle el bienestar físico, la salud mental y la seguridad de los mayores,una demanda que el PP había llevado ya al Congreso hace dos años.
El proceso en el Congreso
Esta tarde, los grupos han debatido sus propuestas en el Congreso para elegir un borrador de propuestas que servirá de base para las conclusiones. El plazo para presentar enmiendas sobre los borradores elegidos en cada comisión se acabará el lunes y los grupos de trabajo se volverán a reunir el 1 de julio para deliberar y votar las enmiendas. El día 3 de julio, a primera hora, se aprobarán las conclusiones finales que se remitirán al pleno del Congreso para su debate y aprobación final en un pleno de ese mismo mes.
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